La contrarreforma al marco legal de la industria eléctrica que aprobó recientemente el Poder Legislativo, es la medida de mayor alcance y profundidad que ha impulsado el Gobierno federal para descarrilar la economía nacional, agravar los rezagos sociales, dañar la calidad de vida de la población y cancelar los compromisos contraídos con el resto del mundo, para contribuir a mejorar el medio ambiente y mitigar el cambio climático.

La propuesta del Gobierno federal, sin respeto a la Constitución, es convertir nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una empresa estatal protegida, cambiando las reglas del juego que ya estaban establecidas. Ahora se daría prioridad a la electricidad que genera la CFE y al final a la que se produce con energías limpias.

De esta manera se desplazaría ilegalmente de la competencia a las empresas que realizaron inversiones por más de 600 mil millones de pesos en la planta productiva para generar energías renovables y se le daría preferencia a la electricidad que se produce a costos mayores y es más contaminante por el uso del carbón y el combustóleo.

El costo económico de pretender volver al pasado en materia energética sería extremadamente alto, no solo por la derrama financiera que significarían las indemnizaciones que pueden reclamar las empresas de energías renovables en los tribunales nacionales e internacionales –estimadas en más de 400 mil millones de pesos– sino por la pérdida de confianza en el país por parte de los inversionistas, lo cual significa deteriorar nuestra capacidad competitiva frente a otros países, dejar de crear nuevos empleos y, posiblemente, ahuyentar a empresas ya instaladas en el país; un severo golpe a la planta productiva y al empleo.

Además del daño a la economía familiar que se puede generar por tarifas eléctricas más altas, lo previsible es que una mayor producción de electricidad con combustibles fósiles provocaría serias afectaciones en la calidad del aire y en la salud de la población donde se localizan las obsoletas plantas de la CFE, agravaría el desempleo, la pobreza y, en consecuencia, la descomposición del tejido social y la inseguridad pública; un serio revés al bienestar de los mexicanos.

Y por si fuera poco, la contrarreforma contrapone a México con el resto del mundo que se esfuerza por reducir las emisiones que provocan el calentamiento global y el cambio climático, al cancelar en los hechos los compromisos adoptados en el Acuerdo de París para que en 2024, 35% de la energía generada sea energía limpia, y para 2030, 43%, así como a reducir 25% la emisión de gases de efecto invernadero y 51% la de carbono negro. Igualmente se incumplirían los compromisos ambientales que contiene el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo cual puede cambiar radicalmente los términos de la integración del país a la región de Norteamérica y tener secuelas muy negativas para nuestra economía.

Afortunadamente, al concederse la suspensión definitiva de los actos reclamados en los amparos de algunas empresas, el Poder Judicial ha podido evitar hasta hoy que la contrarreforma inconstitucional entre en vigor. En la misma dirección deberían unirse todas las fuerzas políticas, organizaciones y ciudadanía, para detener este atentado contra la economía del país, el bienestar de la población y el medio ambiente.