En la reunión de hoy en Palacio Nacional entre Rocío Nahle y Jennifer Granholm, con la presencia de Andrés Manuel López Obrador, habrá cortocircuito entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Se ve inevitable un choque de visiones entre las secretarias de Energía de ambos países, que puede poner en riesgo el futuro del T-MEC por parte de México en varios capítulos, sobre todo en discriminación a la inversión de Estados Unidos.

Justo el día que el Gobierno de la 4T recibe las llaves de la refinería Deer Park en Texas, la representante del Gobierno de Joe Biden, exgobernadora y fiscal general de Michigan, llega a México no a una visita de cortesía: trae en su agenda airados reclamos por la política energética obradorista. Va la lista.

Contrarreforma eléctrica y el futuro de la inversión privada en este sector; cancelación de permisos de importación de petrolíferos de 80 compañías de Estados Unidos; discriminación de la inversión y a empresas estadunidenses para favorecer a Pemex; el monopolio de CFE y los organismos públicos para definir el costo del porteo que pagan los privados para transmitir energía privada a la red pública.

Para el Gobierno de Estados Unidos y representantes privados, la zanahoria política del Gobierno mexicano es que el precio de la electricidad no debe aumentar, pero en el Parlamento Abierto del Congreso sobre la contrarreforma la discusión debe versar sobre la ineficiencia de la CFE, que dirige Manuel Bartlett, y cómo repercuten los costos internacionales del gas y de otros insumos.

Coinciden que la producción y transmisión de la energía privada no puede financiar o subsidiar las ineficiencias del monopolio estatal.

Por supuesto que el eje sobre el que va a girar la discusión Nahle-Granholm va sobre las modificaciones constitucionales que limitarán hasta el 44% la producción de energía eléctrica en México, promover la compra de activos por parte de CFE a privados para tener dominancia en el mercado y los costos de transmisión que cobra el monopolio público a los cogeneradores de energías renovables particulares.

En lo que va del sexenio, la CFE aumentó el costo de transmisión de electricidad a los generadores privados de alta, media y baja tensión en 100%, 300% y hasta 800%, respectivamente, por tarifa de porteo.

Los afectados se ampararon y por ello los aumentos quedaron en un porcentaje equiparable a la inflación, cercano al 18% en lo que va del sexenio, y para este año será probable que ronde un 6%, ya que la tasa mensual es de aproximadamente 0.4 por ciento.

Los organismos reguladores del Estado, como la Comisión Reguladora de Energía que lleva Leopoldo Melchi y el Centro Nacional de Control de Energía a cargo de Ricardo Mota, no representan ningún contrapeso al monopolio estatal que sube unilateralmente el costo del porteo, bajo el esquema de autoabasto.

Lejos de quedar en estos aumentos, se estima que si la reforma se aprueba las alzas no paren. Y el problema es que los incrementos al porteo afectarán a empresas que están bajo el esquema de autoabastecimiento.

Hablamos de Bimbo y Barcel, de Daniel Servitje; Nestlé, que preside Fausto Costa; Telmex, que capitanea Héctor Slim Seade; Ford, que encabeza Luz Elena del Castillo, y casi todas las tiendas departamentales.

Solamente la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que preside Vicente Yáñez, estima que el costo de la energía eléctrica representa entre el 2 y 3% del precio de un producto.

NO, NO ES a Javier Garza Calderón al que usted debe estar siguiendo en la intención de aglutinar a un grupo de empresarios mexicanos para pujar por Banamex. Ciertamente, “El Manitas” se la venía jugando con Andrés Manuel López Obrador desde 2006, año en que empezó a seguirlo y apoyarlo, pero francamente no le alcanza para liderar una compra de ese calibre. Al que sí hay que seguirle la pista es a Alfonso Romo Garza-Madero. Ya le había adelantado que el exjefe de la Oficina de la Presidencia jugaría un papel relevante en la operación, pero no como un simple gestor de grupo. No se descarta que también participe en el fideicomiso que se intentará formar con empresarios de todas las regiones de la República Mexicana, principalmente del centro del país.

PUES CON LA novedad de que en una de esas y la 4T se queda sin pago de impuestos por la venta de Banamex, al menos en las cantidades que esperan. Alguien le debería estar explicando ya al presidente Andrés Manuel López Obrador que si la institución que preside Manuel Romo vende sus activos en un rango de entre 12 mil y 15 mil millones de dólares, como apuntan las estimaciones, no habrá mucha utilidad de venta y por lo tanto el SAT no cobraría casi nada. Hablamos de más o menos el mismo monto en que lo vendieron a Citibank hace 20 años Roberto Hernández y Alfredo Harp. Para que los pupilos de Raquel Buenrostro en el SAT lograran darle un pellizco grande a la transacción, Banamex tendría que venderse muy por arriba de esos 15 mil millones.

POR CIERTO QUE ayer la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el amparo que Grupo Elektra promovió contra el crédito fiscal que le fincó el SAT, de la misma Raquel Buenrostro. Ante lo que consideró una “evidente violación” a su derecho de acceso a la justicia y debida defensa, el Grupo Salinas anunció que se defenderá en instancias internacionales. Los ministros que le negaron el amparo a Ricardo Salinas Pliego fueron Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Jasmín Esquivel Mossa. El proyecto originalmente lo hizo el ministro Fernando Franco, quien cumplió su periodo en diciembre y fue sustituido por Ortiz Ahlf, quien heredó el expediente.

LA CANCILLERÍA DEBERÁ emitir hoy el fallo de la licitación de los servicios de call center para sus oficinas de Norteamérica. Al final el Órgano Interno de Control rechazó la inconformidad de Bufete Empresarial GTI, propiedad de Mario Nava, empresa que hasta ahora tenía el contrato. Le adelanto que el ganador del concurso es Infocredit, que comanda Alejandro Canasi, firma que se llevó el nuevo contrato para los próximos tres años tras ofertar 590 millones de pesos, números redondos. Fue la propuesta más económica. GTI puso en la mesa 649.4 millones. La Secretaría de Relaciones Exteriores, que comanda Marcelo Ebrard, se va ahorrar 24% en estos servicios.