Ciudad de México.-  Los recursos públicos de México tendrán una presión más por la entrada en vigor de la reforma eléctrica recién aprobada por el Congreso de la Unión y con la pendiente promulgación por parte del Ejecutivo.

Actualmente, el costo de generar energía eléctrica no se ve reflejado de manera abrupta o directa en los recibos de los consumidores, pues entre lo que cuesta y lo que se cobra el sector público otorga un subsidio, explicó Monserrat Ramiro, excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Con la reforma se estima que el costo de producir energía se eleve 63 mil millones de pesos (mdp) cada año, monto que tendría que desembolsar la administración pública en subsidios si se deseara mantener la promesa de no incrementar los precios de las tarifas eléctricas, explicó la especialista en el sector energético en el foro Electricidad para el Futuro de México, organizado ayer por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Dijo que esto implicaría una presión extra para la disposición y manejo de los recursos públicos, provenientes en su mayoría del pago de impuestos, los cuales en enero reportaron una caída de 5.8% frente al mismo mes del año pasado, mientras que los petroleros descendieron 54.2% de acuerdo con información de Hacienda.

De acuerdo con el estado financiero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 2020, la empresa recibió de Hacienda transferencias por 70 mil millones de pesos el año pasado por subsidios, y para este año se estiman en 73 mil millones.

Quebrarán empresas

Las empresas privadas que invirtieron en generación de energía eléctrica con fuentes renovables corren el riesgo de quebrar con la reforma eléctrica que se aprobó, además de que al no haber suficientes recursos para que el sector público invierta hay riesgos de apagones, coincidieron especialistas.

Durante el foro Electricidad para el Futuro de México, la exsubsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Economía, en el sexenio pasado, Lourdes Melgar, dijo que habrá efectos negativos en el mediano plazo al quitarse el acceso a subastas, acotar la participación de energías limpias e inhibir inversiones en energías renovables.

Melgar afirmó que el nuevo orden de despacho pide que produzcan primero las energías más caras y hasta el final entrarán las plantas eólicas y solares, y finalmente los ciclos combinados.

Melgar aseguró: “Es muy posible que con este nuevo orden de despacho muchas de las plantas que invirtieron en México y que algunas son mexicanas van a ir a la quiebra y esto va a tener un impacto muy serio a nivel local”.