PROCESO | México, DF.- El pasado domingo 24 de julio, internos del dormitorio 18-A de la prisión del Campo Militar Número 1 fueron testigos de una escena macabra: sobre uno de los escusados colgaba el cuerpo inerte del soldado José Enrique Mota Solano.

El militar, de 31 años, ató a su cuello una cuerda que sujetó a los barrotes de una ventana y saltó. Formaba parte de las tropas que combaten al narcotráfico. Llegó a la prisión militar en marzo de este año, procesado por el delito de abandono de servicio y robo de su arma de cargo.

Aquel 24 de julio el soldado de infantería recibió la visita de su mujer, con la que al parecer discutió. Cuando terminó la visita familiar, José Enrique se despidió de sus compañeros y se dirigió a su cuadra, como le dicen los soldados a los dormitorios. Ya no salió vivo.

Él cumplió un objetivo que varios militares presos no han alcanzado por “fallas técnicas”. Se convirtió en el más reciente de los 82 miembros del Ejército que se han suicidado durante la presidencia de Felipe Calderón. En el mismo periodo lo han hecho 14 efectivos de la Marina.

El pasado 4 de agosto “Proceso” solicitó mediante la Ley de Transparencia a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), información sobre los miembros de las Fuerzas Armadas que se quitaron la vida desde 2006.

Guilherme Borges –especialista en Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) Juan Ramón de la Fuente– destaca que hechos de violencia como los que se viven hoy en México “tienen repercusiones en la salud mental de la gente y se puede inferir que van a tenerlas sobre la conducta suicida, como sobre la depresión y el estrés”.

Borges ha realizado investigaciones sobre el suicidio como problema de salud pública en México desde 1996 y ha encontrado, por ejemplo, que este tipo de muerte se ha incrementado en casi 300% de 1970 a la fecha, con tasas promedio de 4.5 casos, principalmente de hombres, por cada 100 mil habitantes al año.

Respecto de México, en marzo de 2010 el periódico “Reforma” informó que “90% de los militares que se suicidan, según fuentes de la Sedena, pertenecen a unidades que combaten de manera directa a los cárteles del narcotráfico”. Sin embargo, en su respuesta a la solicitud de información de este semanario la dependencia aseguró que el grupo de militares suicidas “presentaba una situación inestable en su vida familiar, siendo ésta la principal causa por la que tomaron la decisión de privarse de la vida”.

El paulatino incremento de padecimientos mentales, señaló el diario, provocó que la plantilla de psicólogos y psiquiatras militares pasara de 90, en el gobierno de Vicente Fox, a 136 en 2010 (“Reforma”, 23 de marzo de 2010).

En su respuesta a “Proceso”, fechada el 18 de agosto, la Sedena reportó 82 casos: 20 ocurrieron en 2006; 13 en 2007; 9 el año siguiente; 14 en 2009, 15 el año pasado y 11 hasta el reciente 24 de julio.

Esas muertes ocurrieron en 24 entidades: el Distrito Federal (27); Guerrero (6); Chihuahua y Chiapas (5 en cada uno); el Estado de México y Sonora (4); Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo y Tlaxcala (3); San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, Durango y Tabasco (2); así como en Nuevo León, Puebla, Coahuila, Aguascalientes, Campeche, Querétaro, Baja California, Tamaulipas y Colima (1).

Entre los militares que se quitaron la vida predominan 31 rasos de diferentes armas, seguidos de 16 cabos, siete sargentos y siete tenientes, seis capitanes, cinco subtenientes, cuatro mayores, dos tenientes coronel, dos soldados rurales y un general.

Sólo existe información pública sobre el caso del general de brigada diplomado del Estado Mayor Jorge Alberto Cárdenas Cantón, quien se dio un balazo en la cabeza el 14 de noviembre de 2008. Había tomado el mando de la Décima Región Militar con sede en Mérida, Yucatán, el 15 de agosto anterior.

Al principio los hechos fueron manejados oficialmente como “accidente”, pero los medios se enteraron porque el general no llegó a un acto público al que acudió la gobernadora Ivonne Ortega (Notisureste.com).

Cárdenas Cantón fue director de Comunicación Social de la Sedena durante el sexenio de Ernesto Zedillo, rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea.

Como comandante de la Décima Región Militar coordinó a los cuerpos policiacos locales y federales tras la localizarse 12 cadáveres en una carretera de Yucatán el 28 de agosto de 2008 y estuvo al frente de la lucha antinarcóticos en esa península.

El 16 de noviembre la Sedena tuvo que admitir el suicidio de Cárdenas en un comunicado, en el que explicó que “en un momento de crisis depresiva, atentó contra su vida”.

En cuanto a los efectivos de la Semar, ésta respondió el 2 de septiembre que ha registrado 14 suicidios durante la guerra contra el narcotráfico, la mayoría en 2009, cuando seis marinos murieron de esta forma. En 2007, 2008, 2010 y hasta el 24 de marzo de 2011 se han cometido dos por año.

Del total de fallecimientos, cinco se reportaron en Quintana Roo, dos en el Distrito Federal y el resto en Veracruz, Sonora, Guerrero, Yucatán, Campeche, Lázaro Cárdenas y el Estado de México.

Según la Semar, entre las víctimas se contaron cuatro marineros, un capitán de corbeta, dos tenientes de corbeta, un teniente de navío, un primer maestre, dos segundos maestres, dos terceros maestres y un cabo.

Fin de un marino

La muerte del cabo de Infantería Mota Solano causó tal impacto en la prisión, que un par de días después otro interno, el marino Norberto Villavicencio Espinoza, se cortó las venas.

Preso por insubordinación desde agosto de 2010, primero en Mazatlán y a partir de diciembre de 2010 en el Campo Militar Número 1, Villavicencio Espinoza ya había intentado suicidarse ocho veces en prisión.

Tras meses de tratamientos, que para el marino implicaba permanecer atado en una cama durante días enteros y recibir inyecciones de sustancias que hasta ahora desconoce, la Semar declaró el 19 de julio a Villavicencio en “incapacidad” por una “enfermedad contraída como consecuencia de actos ajenos al servicio”.

Con base en un certificado médico del 11 de abril de este año la Marina afirmó que Villavicencio padece “trastorno mixto de personalidad tipo disocial y de inestabilidad emocional de la personal tipo límite”.

El diagnóstico encaja precisamente con los lineamientos de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que impiden al marino continuar en el servicio activo, por lo que ya se le notificó su baja.

La señora Martina Espinoza y su hijo aseguran que ese documento médico contiene datos falsos e insisten en que la medicación “mal administrada” fue lo que provocó los trastornos de personalidad que llevaron a Norberto al intento de suicidio.

Después de vanas peticiones de que el marino recibiera atención adecuada, en julio pasado la señora Espinoza solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del DF para que la Semar se responsabilizara de los daños que presuntamente causó a la salud de Norberto.

El 10 de agosto, se giró una orden de libertad por causas de salud, con la indicación expresa de que la Semar atendiera médicamente a Norberto. Siete días después, en el Hospital Naval Militar se ordenó trasladar al marinero a la Segunda Zona Naval con sede en La Paz, Baja California Sur.

Como parte de la prescripción médica que le dieron en dicho hospital, Norberto tenía que ingerir 14 tabletas distintas y aplicarse una inyección. Él cuenta en entrevista telefónica: “Llegué el 20 de agosto. Me prometieron que me iban a dar atención especializada, pero cuando llegué al hospital me dijeron que no había médicos especialistas”.

Por información de personal de la Armada en La Paz, el marino se enteró, dice, de que “hay instrucciones desde México para que me den rebajes hasta cumplir los tres meses, para que automáticamente me echen como lo marca el reglamento, aunque yo me sienta bien y pueda trabajar”.

Para no estar inactivo, Norberto se empleó como colocador de pisos y azulejos, pero lo que desea es reintegrarse a la Marina.

“No me parece justo que se quieran deshacer de mí así nomás. Yo estaba sano cuando entré a la Marina, me hicieron pruebas físicas y psicológicas. Cuando entré a la prisión me dijeron que sólo iba a estar seis meses y luego me enteré que me iban a dar siete años, por eso me deprimí y fue cuando me empezaron a dar medicamento. A veces me amarraban todo el día, cuando no quería que me inyectaran. Me sentía muy mal por tanta medicina, dicen que hablaba solo y yo ni me acuerdo”, reitera Norberto, quien le atribuye a ese estado alterado sus intentos de suicidio.

La señora Espinoza insiste en que el diagnóstico que declara a su hijo incapaz de servir a la Marina fue amañado: “Muchas cosas que se dicen ahí no son ciertas, fueron manipuladas para que parezca que mi hijo estaba mal de la cabeza antes de llegar a la Marina, pero eso no es cierto. Si ahora está enfermo, y tanto que se quiso quitar la vida varias veces, es por tanta porquería que le metieron. Lo que pido es que la Marina se haga responsable”.