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¿Cuna de la democracia?

Por Gerardo Hernández

Hace 1 semana

Diferir hasta 2029 la elección de una mujer para la gubernatura, como lo dispuso la aplanadora del PRI en el Congreso local en medio de las fiestas navideñas, no solo es discriminatorio, también vulnera la paridad de género argüida en la reforma envuelta en la bandera de los derechos humanos. La norma, con el sello de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, caciqueada por el magistrado priista Luis Efrén Ríos, libra de momento al partido gobernante de una eventual derrota en 2023. Mas si el Instituto Nacional Electoral (INE) salvaguarda el principio de igualdad y el PRI postula en Estado de México a un hombre —como es lo más probable—, en Coahuila deberá nominar a una mujer. El problema es que por ahora no cuenta con un perfil competitivo. La sucesión puede estar cantada, pero no escrita.

La reforma tiene dedicatoria para Manolo Jiménez Salinas, exalcalde de Saltillo y flamante secretario de Desarrollo Social, cuyo protagonismo puede resultar enfadoso para el gobernador Miguel Riquelme, pues le compite y le resta reflectores. El mecanismo de paridad es acertado, dice Rodolfo Walss, coordinador del grupo parlamentario del PAN. Sin embargo —advierte— la acción afirmativa, para ser eficaz, debe aplicarse en la elección del año próximo de acuerdo con el género del Gobernador de turno.

La reforma va a contracorriente de una tendencia nacional para brindarle desde ya a la mujer acceso a los cargos de mayor responsabilidad política (gubernaturas, posiciones en el Gabinete y en los órganos autónomos e incluso a la Presidencia de la República). Los criterios de paridad de género del INE en los 15 estados donde el año pasado hubo elecciones para gobernador obligaron a los partidos a «postular mujeres en al menos siete entidades».

El precepto para alcanzar la paridad sustantiva se deriva de la reforma federal de 2019, aprobada, precisamente, por una Legislatura paritaria, argumenta el presidente del organismo, Lorenzo Córdova. «El INE no legisla, pero sí adopta medidas afirmativas que contribuyen a concretar en los hechos el mandato constitucional de una contienda electoral en condiciones de equidad, certeza, transparencia y legalidad. Estamos dando un paso adelante para cumplir con una demanda social muy importante, la demanda de paridad y equidad», advierte. La norma es la misma para las elecciones de 2022 y 2023: los partidos deberán postular el mismo número de hombres que de mujeres. En Durango, el senador José Ramón Enríquez parecía tener la candidatura como en la bolsa, pero Morena se decantó al final por Marina Vitela, alcaldesa de Gómez Palacio con licencia, para cumplir los criterios generales del INE.

Las pautas del órgano comicial permitieron el año pasado la elección de seis gobernadoras, el mayor número en la historia del país; de otra manera, no habría sido posible. Ellas son: María Eugenia Campos, de Chihuahua (PAN); Marina del Pilar Ávila (Baja California), Layda Sansores (Campeche), Indira Vizcaíno (Colima), Evelyn Salgado (Guerrero) y Lorena Cuéllar (Tlaxcala), todas de Morena. Claudia Sheinbaum, del mismo partido, ocupa la jefatura de Gobierno de Ciudad de México desde 2018 y es la aspirante presidencial con mayor intención de voto.

Entre 1953 —cuando las mujeres obtuvieron la ciudadanía plena— y 2018, solo siete mujeres han sido elegidas gobernadoras: Griselda Álvarez (Colima), Beatriz Paredes (Tlaxcala), Ivonne Ortega (Yucatán) y Claudia Pavlovich (Sonora), del PRI; Amalia García (Zacatecas), del PRD; y Martha Alonso (Puebla), del PAN, quien falleció en un accidente aéreo junto con su esposo y predecesor, Manuel Moreno, 10 días después de haber asumido el cargo. Dulce María Sauri (Yucatán) y Rosario Robles (Ciudad de México) sustituyeron a Víctor Manzanilla (PRI) y a Cuauhtémoc Cárdenas (PRD). La reforma estatal echa atrás las manecillas del reloj. Coahuila, ¿cuna de la democracia?

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