La sala regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de apelación promovido por el PRI en contra de la resolución del INE y del dictamen consolidado, respecto a haber declarado irregularidades, derivadas de la revisión de ingresos y gastos de campaña que reportó, de las candidaturas a diputaciones locales de Coahuila en 2026.

La sentencia del magistrado y las magistradas electorales federales es de modificar lo que fue materia de impugnación, la resolución y el dictamen controvertidos, y en consecuencia, dejar sin efectos la sanción correspondiente.

Lo anterior, al demostrar que el INE no observó el principio de exhaustividad, al omitir analizar integralmente la documentación registrada en el sistema integral de fiscalización, respecto de 12 de 14 hallazgos por los cuales tuvo por actualizada la omisión del PRI de reportar gastos de campaña.

Esto, pese a que el partido, al responder el oficio de errores y omisiones, identificó las pólizas y ubicación de las evidencias con las que acreditó su debido registro y le demostró al INE la inexistencia de omisión de reportar tales gastos.

Por tanto, la sentencia fue en el sentido de que el PRI no incurrió en irregularidades u omisiones en los gastos de campaña de sus candidatos y candidatas de la elección del 2026 para renovar el Congreso de Coahuila, pues presentó todas las pruebas de los gastos reportados ante el INE.