Ciudad de México.- Un juez federal declaró hoy la quiebra de la empresa Oceanografía, a dos años y medio de que fue intervenida por el Gobierno luego de un presunto fraude millonario contra Banamex.

Felipe Consuelo Soto, juez Tercero de Distrito en Materia Civil, resolvió que el proceso de concurso mercantil de la naviera ya no puede seguir en etapa de conciliación con acreedores, pues se ha excedido por mucho el plazo de un año previsto en la ley.

El juez designó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) como síndico de la quiebra, con lo que dará inicio un proceso que puede prolongarse durante años, para liquidar los bienes de la empresa y pagar lo que se pueda a miles de acreedores que reclaman un monto aproximado de 14 mil millones de pesos.

El SAE tendrá cinco días para nombrar a su vez a la persona que ejercerá el cargo de síndico.

La quiebra de Oceanografía era inevitable desde el pasado 11 de julio, cuando el magistrado de circuito Armando Cortés Galván revocó el convenio con acreedores que Consuelo Soto había aprobado en dos ocasiones.

Ese convenio requería financiamiento “de emergencia” por 76 millones de dólares, cantidad que ningún inversionista aportó.

El magistrado consideró ilegal el convenio porque se le daba preferencia al pago del financiamiento de emergencia sobre las deudas ya reconocidas en el concurso, y porque los accionistas de Oceanografía nunca lo aprobaron.

Acreedores como la naviera estadounidense Otto Candies y Banamex habían pedido al juez declarar la quiebra desde diciembre de 2015, pues era evidente que no había capital para reactivar a la empresa, cuyos ingresos dependían casi en exclusiva de contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP) que ya habían vencido.

A estas alturas, se desconocen los activos reales de Oceanografía, pero los dos barcos más importantes que tenía su flota, Caballo Maya y Caballo Marango, no son de su propiedad y no pueden ser rematados para pagar deudas.

Algunas de las deudas más importantes de Oceanografía no fueron reconocidas en el concurso mercantil y por tanto no estarán incluidas en la quiebra.

Estas deudas incluyen un crédito fiscal de casi 18 mil millones de pesos fincado por el SAT, y el 98.6 por ciento de los más de los más de 7 mil 700 millones de pesos que Banamex afirma haber perdido por sus operaciones de factoraje con la empresa.

Naviera de confianza de PEP durante los dos sexenios previos, Oceanografía entró en crisis cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó en febrero de 2014 para recibir contratos públicos, supuestamente por presentar fianzas insuficientes.

Semanas después, Citigroup reveló que había sido víctima de un supuesto fraude de más de 400 millones de dólares, perpetrado por Oceanografía con base en ingresos inexistentes por contratos con PEP.

Curiosamente, la inhabilitación de la SFP fue anulada en junio de 2015 por la justicia federal.

Amado Yáñez, el ex dueño de Oceanografía, permanece en la cárcel por el presunto fraude a Banamex, pero no ha sido sentenciado, mientras que Martín Díaz, señalado como el cerebro financiero de la empresa, estuvo prófugo dos años pero la orden de aprehensión en su contra ya fue cancelada.

En febrero pasado, 39 acreedores de Oceanografía demandaron a Citigroup en Estados Unidos, para reclamar daños y perjuicios de mil 100 millones de dólares por la supuesta colusión del banco con la naviera.

Además, las empresas panameñas dueñas de Caballo Maya y Caballo Marango iniciaron un arbitraje internacional contra el Estado mexicano, en el que reclaman 328 millones de dólares, pues el juez Consuelo no ha autorizado la devolución de sus barcos porque no se ha vencido el plazo para que Oceanografía ejerza una opción de compra.