Monclova, Coah.- Héctor Manuel Garza Martínez, abogado representante de un grupo de acreedores de Altos Hornos de México (AHMSA), confirmó que la presencia de cinco empresas calificadas para la etapa final de la subasta, es una realidad jurídicamente sólida, a pesar de los cuestionamientos sobre la precalificación de firmas como Lance International y Argentem Creek Partners.

El especialista explicó que en el estricto terreno del derecho concursal, el hecho de que el síndico haya emitido una negativa inicial, no clausura las puertas del proceso, ya que la mecánica procesal permite la promoción de medios de defensa y recursos de revocación que podrían no estar aún reflejados en la narrativa pública o en los titulares de prensa, pero que tienen plena validez dentro del expediente judicial.

Dijo que esta flexibilidad en el tablero de competencia sugiere que el proceso de quiebra de la siderúrgica más emblemática de Coahuila no se mueve al ritmo de la opinión mediática, sino bajo una estrategia técnica, donde los tiempos legales superan a la inmediatez informativa.

“La subasta no se define en conferencias, sino en el expediente”, destacando que la participación de acreedores con privilegios, como Afirme, Almacenadora Afirme y el gigante comercial Cargill, era un escenario previsto debido al volumen de créditos y la ruta jurídica clara que mantienen a su favor dentro del Concurso Mercantil número 19/2023”, comentó..

Dijo que de acuerdo con datos de la Ley de Concursos Mercantiles, una empresa en etapa de quiebra requiere que los postores demuestren no sólo interés, sino una capacidad financiera líquida para cubrir pasivos que, en el caso de AHMSA, superan los 2,000 millones de dólares.

Comentó que lo que actualmente se debate en los juzgados no es si cinco empresas ‘deben’ estar en la puja, sino si ‘pueden’ estar bajo el amparo de resoluciones que podrían confirmarse en las horas previas a la audiencia definitiva del 27 de febrero.

“En concursos de esta magnitud, lo que parece definitivo rara vez lo es y el silencio procesal no equivale a la inexistencia jurídica participantes antes de la resolución final es un ejercicio precipitado”, agregó.

Garza Martínez dijo que el desenlace de esta crisis industrial en la Región Centro de Coahuila no sólo representará la venta de activos, sino la validación de qué grupos cuentan con la estructura financiera necesaria para reactivar la producción de acero y cuáles se quedaron únicamente en el terreno de la retórica.

“La expectativa crece conforme se acerca la fecha clave, pues será en la audiencia donde se identifique oficialmente a los postores con derecho a sentarse a la mesa, definiendo así el destino laboral de miles de familias y el futuro económico de la zona, tras años de parálisis operativa”, concluyó.