A propósito del polémico decreto que se publicó esta semana en el Diario Oficial de la Federación, el cual a iniciativa del Presidente de la República esconde contratos y en general cualquier detalle público de las obras prioritarias para el titular del Ejecutivo (que no para el Gobierno federal) en lo que resta de su sexenio, es importante destacar que, al jugar la carta de la “seguridad nacional”, la maniobra indirectamente impide el acceso a la información, por lo menos en la forma legal acostumbrada (se dirá, por supuesto, que las conferencias “mañaneras” son un “ejercicio de rendición de cuentas” y que ahí se podrán ventilar esos temas, a todas luces una engañifa y un despropósito).

Obligado por las circunstancias, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) anunció que promoverá una controversia constitucional como reacción. Y eso, hacerle frente al autoritarismo, en las circunstancias actuales, es plausible.

En Coahuila, en cambio, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) acabará más disminuido que nunca el 2021.

Un hecho significativo es la conformación del consejo general, su órgano de Gobierno. Hace tres años que inexplicablemente solo tiene cuatro de cinco comisionados y a nadie parece importarle llenar esa vacante. Ni el Congreso del Estado (ya dos legislaturas y de distinta conformación, por cierto) promueve una convocatoria para ocuparla, ni el propio Instituto levanta la voz para exigirla. Si a ellos, que son los legalmente competentes, no les interesa, al resto de los coahuilenses por qué debería.

Y esa dinámica permea en la sociedad. Ni como intermediario ante los 179 sujetos obligados, ni como ente obligado directamente, recurren al Icai en la misma medida de antaño. De enero a octubre de 2021, por ejemplo, el Instituto ha recibido solo 270 solicitudes de información, cifra que representa el número más bajo de los últimos seis años. Exceptuando el 2015, sería la más baja de los últimos 14.

No solo es la cantidad, sino la calidad. Permítame ser reduccionista, pero desde su creación –a finales de 2004– no hay un recurso de revisión trascendental en todo ese tiempo que haya sido materia de estudio y debate. No existe un expediente que se recuerde, en donde el ICAI interceda a favor de un ciudadano para garantizarle obtener información demoledora que, de revelarse, pondría en jaque al sistema político de la entidad.

Es verdad que todo inicia en el peticionario y que el Icai depende de su participación activa, pero antes de la pandemia ya venía en picada y a partir de 2020 se descompuso.

Para dimensionar: el año pasado no existió un solo señalamiento del ICAI por incumplir obligaciones de transparencia, ni siquiera observaciones a los portales web que, aprovechando la coyuntura, bajaron la cortina de la información.

Otro ejemplo de su actuación: so pretexto del coronavirus y dificultades en la comunicación para notificar, no verificó que los sujetos obligados entregasen la información solicitada pese a que su intervención –y existencia, en general– se trata precisamente de eso: de hacer cumplir a los entes públicos. Así concluyó en blanco decenas de solicitudes presentadas.

Y de 2019 a 2020, hay una disminución del 56% en los recursos de revisión recibidos. La cifra más baja de los últimos cinco años. Dicho de otra forma: en lugar de incentivar, desalienta la participación ciudadana. ¿Entonces para qué sirven los 38 millones 801 mil pesos que absorbió en 2021?

Existe hoy 50% menos solicitudes a comparación de 2016, hace cinco años. No es que ya sepamos todo lo que no sabíamos, sino que simplemente se perdió el interés por los asuntos públicos (de por sí bajísimo y nunca consolidado como cultura). En resumen: el Icai se vació de contenido entre formulismos y abrazando una actitud negacionista por sistema.

Y a nivel federal la transparencia está bajo asedio. En enero, y para medir las reacciones en la opinión pública, el Presidente de la República planteó la posibilidad de modificar el régimen jurídico del INAI, de autónomo a dependiente de la Secretaría de la Función Pública, cuestión que, adelantó, sería analizada en reunión de Gabinete federal con miras a una reforma administrativa que se prometió para febrero y a la fecha no ha retomado.

Dicha modificación –justificada en medidas de austeridad y redistribución del gasto, sin sopesar otros aspectos técnicos más relevantes como el control político de la información pública– traería por consecuencia, y en efecto dominó, cambios a los organismos estatales en la materia. En el caso que nos ocupa, al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).

Llegados a ese punto cabe plantearse una pregunta: ¿alguien lo extrañaría en la entidad si se modificase su funcionamiento?

Cortita y al pie
El miércoles dijo el Presidente, en sus acostumbradas descalificaciones a priori, dichos engañosos, verdades a medias y argumentos acomodaticios, que el INAI “tiene como divisa obedecer y callar. No hicieron nada para combatir la corrupción”.

El 4 de enero, durante su primer “mañanera” del año, López Obrador soltó a los medios de comunicación un globo sonda: “Todavía se sigue gastando mucho en cuestiones que no son fundamentales (…) Todavía hay organismos supuestamente autónomos (…) El mismo Instituto de la transparencia, mil millones de pesos (…) Todos estos aparatos administrativos los crearon para simular que se combatía a la corrupción, para simular que había transparencia, para simular que no había impunidad. Todo fue una farsa”.

La última y nos vamos
En lo local, y bajo esa premisa: ¿Qué mantiene vivo al ICAI? ¿Alguien podría ofrecer argumentos a su favor?