La Presidencia de México atraviesa por un proceso de deformación institucional sin precedentes. La retórica de Claudia Sheinbaum ha abandonado la solemnidad para convertirse en un escudo de trinchera. En su afán por defender el legado de la llamada Cuarta Transformación y de de su antecesor, la Mandataria ha instaurado una dinámica perversa: mentir sistemáticamente para que la falsedad del ayer sea sepultada por la distorsión de hoy. No se trata de gobernar, sino de dictar agenda mediática a perpetuidad, manteniendo a la ciudadanía en un limbo entre la verdad y el engaño. En este juego la verdad dura apenas un par de horas antes de ser desmontada por analistas, pero cuyo objetivo real ya se cumplió: distraernos permanentemente de la podredumbre interna.

Mientras el país se desangra en una crisis de seguridad, inflación y una corrupción que la Presidenta ni siquiera pretende erradicar, los escándalos tocan las puertas de la cúpula: desde gastos onerosos e hipocresías presupuestales hasta escándalos de alcoba. Para sus fanáticos, la postura es cada vez más incómoda, obligados a enterrar la cabeza cual avestruces cada vez que se descubren las mentiras de sus ídolos. Hasta ahora, el afiliado a Morena no ha sufrido las consecuencias directas; la promesa de una pobreza franciscana general les sigue pareciendo una buena idea.

En la reciente cumbre del G7, Donald Trump subió la apuesta al insistir en que los mecanismos de su Administración avanzan firmemente para declarar formalmente a la 4T no sólo como un cártel, sino como una organización delincuencial o terrorista. Esta declaratoria no es un mero amago discursivo; Estados Unidos cuenta con un andamiaje legal robusto, fundamentado en la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que faculta al Secretario de Estado para designar Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). El argumento de Washington es directo: la flagrante falta de cooperación de México en los convenios de extradición y la protección sistemática a capos incrustados en la estructura del régimen actual vulneran la seguridad nacional estadunidense.

De consolidarse esta designación, las consecuencias económicas, como la no ratificación del T-MEC y una crisis financiera inimaginable, serán sólo el principio. El verdadero golpe directo será para la militancia de a pie. Bajo las leyes antiterroristas de EU (como la Patriot Act y normativas del Departamento de Seguridad Nacional), cualquier individuo que brinda apoyo material o simpatice con una FTO enfrenta sanciones severas. Esto incluye la cancelación inmediata de visas y la inadmisibilidad permanente.

Washington vigila las plataformas digitales; aquellos militantes y fanáticos que desde la comodidad de su sillón se dedican a denostar a Trump y a vitorear a los líderes de Morena en redes sociales, podrán ser etiquetados como colaboradores del movimiento catalogado como terrorista. Para quienes duden de esto, basta recordar que EU no titubea en bajar de un avión o arrestar en aduanas a simpatizantes de agrupaciones radicales, aun sin haber accionado un arma. La complicidad ideológica cotiza alto en el sistema judicial estadunidense. Veremos entonces cuántos de estos defensores de redes sociales siguen alentando al régimen cuando pongan en riesgo su propia seguridad jurídica, su patrimonio y sus antecedentes internacionales.