El Pacto por México –debut triunfal de Peña Nieto– enriqueció a los partidos y empobreció a nuestra democracia, una de las más caras del mundo. “Bajos costos electorales –de uno a tres dólares por votante– tienden a manifestarse en países con una larga experiencia electoral: los Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa Occidental; Chile ($1.2), Costa Rica ($1.8) y Brasil ($2.3)”.

Así lo advierte un informe de la Red de Conocimientos Electorales (ACE), entre cuyos socios figura el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y el Centro Carter.

México ocupa el cuarto lugar de los países con los sistemas más onerosos enlistados por la ACE debido a la falta de experiencia democrática: 5.9 dólares por elector, solo abajo de Liberia ($6.1), Lesotho ($6.9) y Rusia ($7.5). Paraguay y Uganda gastan $3.7 por votante y El Salvador $4.1.

“Existen diferencias significativas de costo entre las elecciones rutinarias en democracias establecidas, las celebradas en democracias en transición, y las llevadas a cabo durante operaciones especiales para el mantenimiento de la paz”. Cita los casos de Nicaragua en 1990 ($11.8), Angola en 1992 ($22) y Camboya en 1993 ($45.5), entre otros.

El Instituto Federal Electoral y el INE ejercieron 335 mil millones de pesos en las dos últimas décadas, de los cuales alrededor de 117 mil millones fueron para los partidos (Cuestione, 30.01.19, con datos de la Secretaría de Hacienda).

El INE solicitó para este año 12 mil 493 millones de pesos, pero el Congreso le autorizó 11 mil 421 millones. En cambio, los diputados aumentaron a 5 mil 239 millones de pesos las asignaciones para las distintas fuerzas políticas, equivalentes al 32% del presupuesto del INE.

La distribución es la siguiente: Morena, mil 700 millones; PAN, 950 millones; PRI, 896 millones; PRD, 445 millones; PVEM, 426 millones; Movimiento Ciudadano, 411 millones; y PT, 391 millones de pesos. Los estados también gastan carretadas de dinero para sostener a los órganos públicos locales (Oples) y financiar a los institutos políticos.

El dinero canalizado a los partidos se disparó con la reforma electoral de Peña Nieto (2014). Ese fue uno de los premios a las principales formaciones (PRI, PAN y PRD) por haber aprobado el Pacto por México. En el bienio 2015-2016, los partidos se embolsaron 5 mil 700 millones de pesos extras, de acuerdo con una investigación de Animal Político.

La intención de modificar la Constitución era justamente la contraria: disminuir el costo de las elecciones y tener una democracia menos gravosa. El financiamiento federal a los partidos no creció tanto como en los estados.

El presidente López Obrador ha insistido en la necesidad de reducir las prerrogativas a los partidos en un 50 por ciento. El 12 de diciembre pasado, el Congreso sometió la propuesta a votación, pero no obtuvo mayoría calificada. Los diputados de Morena y Encuentro Social apoyaron el dictamen de reforma al Artículo 41 de la Constitución, pero las bancadas del PAN, PRI, PRD, PT, Verde y Movimiento Ciudadano lo rechazaron. La votación fue de 274 a favor y 207 en contra.

Apenas en abril, el líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió a los partidos ceder la mitad de las prerrogativas de este año –2 mil 664 millones de pesos– para ayudar a afrontar la pandemia de coronavirus.

El PAN, PRD y MC replicaron que si el Gobierno de AMLO necesita dinero, podía obtenerlo mediante la cancelación de los proyectos de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía. Todo menos renunciar al presupuesto. Partidos ricos, país enfermo.