Ciudad de México.- Trabajadores adscritos a los programas culturales del Gobierno capitalino denuncian incertidumbre laboral debido a la “transición” de los programas en los que laboraban.

Suman más de 3 mil empleados -denominados “beneficiarios”- que forman parte de los programas Promotores para el Bienestar Cultural de la CDMX, Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar y Colectivos Culturales CDMX, detallan en una carta enviada a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y a la titular de cultura capitalina, Vanessa Bohórquez.

“Somos los llamados ‘beneficiarios’, figura que se nos ha otorgado para no comprometerse con nuestros derechos laborales; más de 3 mil trabajadores de la cultura que desde 2019 cumplimos jornadas de tiempo completo sin acceso a ningún tipo de prestación o contrato laboral, nos encontramos nuevamente golpeados por la injusticia”, señalan.

Aseguran que los programas pertenecientes a la Secretaría de Cultura de la CDMX, en los cuales han atendido a más de 622 mil personas y realizado más de 62 mil actividades culturales durante el último año, se transferirán a la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la CDMX bajo condiciones que desconocen.

“Y sin tomarnos mínimamente en cuenta, ejemplo de ello son las reglas de operación del programa TAOC en donde se redujo el monto de los apoyos y el número de plazas sin ninguna justificación viable, ya que las modificaciones hechas al presupuesto del programa no son equivalentes con este tipo de decisión, lo que incluso pone en tela de juicio la transparencia en el uso de los recursos”, advierten.

Solicitan se garantice la permanencia de los más de 3 mil “beneficiarios” así como el respeto al monto del “apoyo” y horas de actividades desarrolladas previamente, “debido a que somos nosotras y nosotros quienes subsidiamos de nuestras ministraciones los materiales de los más de 30 grupos que se atienden semanalmente en pareja”.

Lamentan los contextos laborales cada vez más precarios que afrontan.

“Trabajamos para garantizar una ciudad de derechos: ¿quién garantiza los nuestros?”, cuestionan.