Buen día — El imperio cetemista de Tereso Medina cruje aceleradamente y será peor en los primeros cuatro meses de 2023, es decir, antes del próximo 1 de mayo, en que vencerá el plazo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, por lo pronto, en el caso de Joyson Safety no le fue nada bien.

Dicen que la legitimación es una forma de terminar con aquellos contratos colectivos que fueron depositados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pero que no se revisan, ya que se trata de contratos de protección, o contratos inactivos que no se dieron formalmente por terminados, el abogado laborista Daniel González estima que desaparecerán los contratos de protección.

Que los contratos colectivos que no se legitimen en el plazo previsto en la reforma laboral desaparecerán, lo que implicaría para las empresas nuevas relaciones individuales de trabajo con el reconocimiento de prestaciones superiores a las de ley, esta etapa está en su recta final.

Los eruditos explican que el protocolo para la legitimación de contratos colectivos de trabajo garantiza que los contratos sean conocidos por los trabajadores y avalados a través del voto libre, directo y secreto, aquí no hay forma, modo o salida de llevar a cabo un fraude, pero don Tereso no parece muy preocupado, mucha fortuna ya ha amasado.

No habrá prórroga

Se asegura que la Secretaría de Trabajo no concederá ninguna prórroga a la fecha de vencimiento que es el próximo 1 de mayo, en caso de incumplimiento se sabe que pueden suceder varias cosas, en las empresas donde un sindicato no legitime un contrato colectivo, otros sindicatos tendrán oportunidad de presentarse a la caja de bateo.

Otro escenario, explican, es que los trabajadores pueden organizarse por su propia cuenta para crear un sindicato independiente y no necesitar guajes para nadar, también se puede permanecer sin sindicato, pero las empresas estarán obligadas a respetar las condiciones laborales, claro que no cumplirían.

Alrededor de la hora del Angelus de ayer jueves venció el plazo improrrogable de 24 horas fijado por el Juzgado Federal al alcalde de Frontera, Roberto Piña para que restituyera como consejero del Simas al comerciante César Orlando Chávez, si no lo hizo, fue apercibido que intervendrá la Fiscalía General de la República para lo correspondiente.

César Chávez y su abogado no recibieron ninguna información de que se haya celebrado Junta de Cabildo para revocar el acuerdo tomado el 13 de agosto anterior donde ilegalmente César Chávez fue removido, tampoco el Simas que preside Roberto Piña celebró sesión de consejo a efecto de reinstalarlo, no se trata de reinstalarlo verbalmente, sino con protocolo, y sustento jurídico notariado.

Principio del fin

A medida que se aproxime el fin del sexenio federal de la criminalidad y la corrupción, se estará ponchando con mayor velocidad el fúnebre período, de hecho, dicen, no restan 2 años, sino 1 año y fracción, pues en determinado momento el que ejercerá de facto el poder, será aquel que resulte electo Presidente de México a mediados del año 2024.

Impensable que diputados federales, senadores, y ministros se le salieran del huacal al jefe de la corrupción, ayer por lo pronto, la Corte echó abajo una legislación promovida por la Cuarta Corrupción en 2019, es decir prisión preventiva forzada en delitos de contrabando, defraudación fiscal y falsificación de facturas, inventos para encerrar a los enemigos políticos.

Si alguien incurre en esos delitos son precisamente la oligarquía cómplice del sexenio, aquellos a quienes antes se le identificaba como la mafia del poder, y a quienes hoy tiene a su lado incondicionalmente, no más allá del 30 de noviembre de 2024.

Hasta mañana…

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