El «moreirazo» se vuelve más pesado para el gobernador Miguel Riquelme conforme avanza su sexenio. Entretanto, los autores del endeudamiento ilícito se dedican a sus negocios como si tal cosa. Sin embargo, tras la sentencia, en Estados Unidos, del exgobernador interino Jorge Torres López y de la información que aportó al Departamento de Justicia, las cosas podrían cambiar. Pero mientras eso sucede, la presión social y política aumenta en el estado, como lo advierte Javier Mariscal en el bisemanario «Espacio 4» (669).

«Como bola de nieve, las razones que el activismo social encuentra en Coahuila para alzar la voz contra las injusticias van en aumento. Más importante aún: la coordinación entre organizaciones independientes de defensores de derechos ciudadanos cobra fuerza. En la opinión del Obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, “a falta de respuesta y soluciones por parte de las autoridades, que la sociedad civil se organice y luche por sus derechos humanos es el único camino que le queda, sobre todo en un estado como Coahuila, donde es claro que han operado al menos dos grandes mafias: el crimen organizado y las alianzas de funcionarios corruptos que evitan auditar a gobiernos anteriores”.

»El diputado Rodolfo Walss Aurioles, coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, lo secunda. El legislador declaró a Espacio 4 que “para llegar a esa conclusión no tienes más que observar que los más grandes problemas de este estado, como son el megaendeudamiento, los desfalcos a fondos públicos diversos, las desapariciones forzadas de personas y la enorme impunidad con la que topan todas las denuncias ciudadanas de la última década tienen una raíz común: el moreirato y la red de funcionarios coaligados para que nada se esclarezca, incluido entre ellos el gobernador Miguel Riquelme”.

»Vera López, Walss Aurioles y cientos de personas acudieron el lunes 14 de junio a una marcha y un mitin convocado a través de redes sociales bajo el lema “¡Todas las voces, todas las luchas!… En defensa de los derechos humanos, laborales y sociales, y contra la corrupción e impunidad”. El evento congregó, entre otros, a representantes de maestros activos y jubilados, a jóvenes del Movimiento Estudiantil Coahuilense (Moesco), campesinos opositores al relleno sanitario de Noria de la Sabina y defensores de la tierra. También a madres y familiares de desaparecidos, a los custodios del agua, a trabajadores del sector salud y transportistas, a familias afectadas por el “taponeo” de arroyos al norte de Saltillo y a miembros del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Todos marcharon y corearon consignas para exigir al Gobierno “¡Solución, ya!”.

»El recorrido, que inició a un costado del Palacio Rosa, cubrió las principales calles del Centro Histórico de Saltillo: Juárez, Victoria, Purcell, Aldama y Allende, para luego retornar, por Ocampo, a Plaza de Armas, lugar donde realizaron el mitin. Al frente de la marcha, junto a líderes gremiales, caminaron el obispo emérito Raúl Vera; el vocero de la Coalición Magisterial, Gustavo García Torres, y la excandidata a la Alcaldía de Saltillo, Vanesa Villarreal Narro (PES).

»Para el representante de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, Gustavo García Torres, “queda claro que el problema de fondo es la enorme impunidad y corrupción que carcome a las instituciones del Estado”. En su caso, tras 43 días de plantón permanente que trabajadores del magisterio sostienen frente a Palacio de Gobierno (del 3 de mayo al 14 de junio), ninguna de sus demandas ha sido atendida. García Torres apuntó que “quien piensa que el problema del magisterio solo afecta a los maestros, se equivoca, pues nuestros fondos institucionales que han sido saqueados no se conforman de manera mágica, son dinero de los impuestos que toda la población paga. Por eso marchamos juntos, para darle voz y mayor presencia a todos los que claman por justicia y que, como nosotros, son ignorados”».