Por: Irene Spigno

Este año marca una nueva etapa importante para la lucha de las personas desaparecidas en Coahuila. Hace 10 años, inició un acuerdo de diálogo e interlocución entre Gobierno y grupos de familias de personas desaparecidas que ha construido leyes, políticas e instituciones para atender la agenda de esta crisis del Estado mexicano. Este modelo creó un Grupo Autónomo de Trabajo para facilitar, mediar y deliberar los acuerdos. Es un mecanismo integrado también por representantes de la sociedad civil y de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En su momento participé como representante del Gobierno Estatal.

Se trata de una narrativa de derechos en la que las verdaderas protagonistas han sido las familias de las personas desaparecidas y sus defensoras. Han sido ellas las que impulsaron la creación de este modelo de diálogo, generando una política de Estado que ha ido aprobando un marco legal y de políticas públicas para atender las diferentes problemáticas y necesidades que la desaparición de una persona deja en su familia y, en la sociedad, en general. Gracias a las familias y a la voluntad política del Ejecutivo, Coahuila cuenta con un sólido y robusto aparato normativo en materia de atención a víctimas, investigación, búsqueda e identificación que no existe en otros estados de la República mexicana y tampoco a nivel federal.

Sin embargo, estos resultados no son suficientes. El Estado mexicano todavía tiene una gran deuda pendiente con las familias: encontrar a sus seres queridos. Encontrar a nuestras personas desaparecidas.

La semana pasada, en la primera sesión plenaria del año las familias volvieron a posicionar el tema para redefinir la agenda de trabajo que se tienen con el Gobernador del Estado. Fue una nueva etapa para plantear por parte de las familias cuatro reformas de tipo estructural que van a ocupar la agenda del Estado en los próximos meses. La visión de las familias es de largo alcance.

En primer lugar, recordaron que es necesario fortalecer el sistema estatal de búsqueda. Por un lado, las familias han sido las protagonistas no solo en la búsqueda real de sus seres queridos sino también en la construcción de la Comisión Estatal de Búsqueda: sus integrantes han sido seleccionados a través de convocatorias públicas, transparentes y con el consenso de ellas. La CEB, desde su creación, ha desarrollado no solo una actividad de búsqueda inmediata para casos de desaparición recientes, sino que también hace análisis de contextos de larga data, lo que permite una búsqueda más enfocada a los casos de desaparición de los años anteriores, relacionadas con un contexto de profunda inseguridad del estado. Pero todavía hay mucho por hacer.

Por otro lado, también el Centro Regional de Identificación Humana es otra gran obra de las familias: su actual plan de acción prevé la exhumación de más de mil cuerpos pendientes de ser identificados, como rezago de la grave crisis forense en el estado.

En segundo lugar, las familias señalaron la necesidad de una profunda reforma a la Fiscalía de Personas Desaparecidas que sea acompañada por personas expertas en los más elevados estándares internacionales. El objetivo de este segundo eje de reformas es asegurar justicia, verdad y combate a la no impunidad: para poder conseguirlo, dijeron, es necesario contar con instituciones profesionales de investigación que permitan no solamente encontrar a nuestras personas desaparecidas sino también sancionar a las personas responsables.

La tercera reforma que plantearon las familias involucra al sistema estatal de atención a víctimas. Las familias han construido un modelo de atención preferencial para las víctimas de violaciones por delitos graves que ahora más que nunca requiere que todo el sistema funcione de manera más adecuada, de conformidad con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos. Es momento de reflexionar los cambios en la CEAV.

Las familias señalaron que es necesario hacer una reforma de justicia en materia de derechos humanos. También, las familias han sido protagonistas en la construcción de acuerdos con el Poder Judicial para reflexionar sobre un nuevo modelo de justicia que permita conocer de las violaciones graves de derechos humanos en el ámbito local.

En este camino de reformas las familias no estarán solas. Entre todas las instituciones que acompañarán este proceso, también el personal de la Academia Interamericana de Derechos Humanos que dirijo seguirá comprometido, en la medida que se solicite, con su acompañamiento, asistencia y asesoría técnica . para implementar la agenda prioritaria de las familias.

Nuestra academia seguirá caminando con un instituto universitario que no solo hace docencia e investigación de gran calidad, sino también aporta conocimiento útil para acompañar la lucha de los derechos para hacerlos una realidad. Una AIDH comprometida con la Ley de los derechos humanos.