La reforma de gran calado pendiente de la 4T, la electoral, deberá esperar. El nuevo sistema judicial también afrontó resistencias, pero la Legislatura actual le dio luz verde. Claudia Sheinbaum envió al Congreso el 26 de febrero el proyecto de reforma comicial para que, una vez discutido y aprobado, entrara en vigor el año próximo, cuando se renovará la Cámara de Diputados, más de la mitad de las gubernaturas, la mayoría de las alcaldías y de los congresos locales. Era el primer cambio no forzado por presiones políticas y sociales derivadas de elecciones fraudulentas como las de 1988, 2006 y 2012. El Gobierno contaba con mayoría calificada para sacarlo adelante en ambas cámaras, pues el voto de Morena no alcanzaba. Sin embargo, las dirigencias de sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, boicotearon la iniciativa y junto con el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron contra la reducción del financiamiento público y del Senado, y la nueva fórmula para nombrar diputados de representación proporcional (plurinominales).

Los mismos sectores que anticiparon crisis y escenarios apocalípticos por las reformas social, energética, de seguridad pública y judicial, y que en el pasado respaldaron a presidentes ilegítimos, defienden hoy la democracia. La propuesta de reforma electoral les hizo repetir la cantaleta de que el país regresaría, con Morena, al sistema de partido único. Una visión engañosa, pues el proyecto buscaba mayor competencia política, partidos menos dependientes del erario y sujetar la representación en el Congreso al voto popular, no al de las cúpulas, en el caso de los escaños plurinominales.

Figuras otrora influyentes en la política nacional, no por su espíritu democrático, sino por apuntalar el viejo sistema, volvieron a la palestra para “enmendar” la iniciativa de la presidenta Sheinbaum. Uno fue el artífice de la alianza del PAN con el presidente Carlos Salinas de Gortari: Diego Fernández de Cevallos. Otro, el primer candidato presidencial del PRI, quien, después de perder las elecciones de 2000, culpó a su exjefe Ernesto Zedillo de haber negociado la alternancia con el Gobierno de Estados Unidos a cambio de un préstamo por 40 mil millones de dólares para sortear la crisis financiera de 1994: Francisco Labastida. Y el tercero, el exlíder del PRI y uno de los cerebros de la operación Safiro, urdida para desviar más de 650 millones de pesos, de estados –entre ellos Coahuila– y universidades, a campañas políticas: Manlio Fabio Beltrones.

Los dinosaurios aconsejan cambios que “fortalezcan” la democracia, así como “elecciones libres y justas”, principios que no respetaron. Con la misma enjundia y desmemoria se oponen a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, que el PRI y el PAN defendieron cuando dominaban el Congreso. Piden diálogo a la Presidenta y “escuchar todas las voces”, cuando Salinas de Gortari asfixiaba a los partidos de izquierda –“ni los veo ni los oigo”– y a la derecha le daba todo. El PAN aceptó gubernaturas, sin rubor democrático, fuera de las urnas, como la de Guanajuato, que desde 1991 gobierna y de la cual Vicente Fox saltó a la Presidencia.

Fernández, Labastida y Beltrones, quienes han sido legisladores plurinominales, convenían en la eliminación de los 32 senadores de representación proporcional. Sin embargo, para evitar en el Senado “una sobrerrepresentación acentuada”, proponían que los 96 restantes se eligieran por listas –tres por estado– mediante el método de asignación directa. Sin el voto del PT y el PVEM, las oposiciones no habrían podido detener la propuesta integral de la presidenta Sheinbaum. Si antes de la Reforma Judicial hubo un plan B, igual pasará con la electoral. Es cuestión de tiempo.