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Grupo Zócalo
Publicado el lunes, 2 de febrero del 2026 a las 21:29
Ciudad de México.- El diputado del PT en Jalisco arrastra un expediente por robo y delincuencia organizada, pese a lo cual llegó al Congreso en 2024.
La narrativa de honestidad y combate a la corrupción que enarbola el Partido del Trabajo (PT) en Jalisco tropieza con el historial de uno de sus cuadros visibles. Leonardo Almaguer Castañeda, hoy diputado local, carga con antecedentes penales que contrastan con ese discurso.
En 2004, Almaguer Castañeda fue detenido por la Agencia Especializada de Robo a Vehículos de Carga Pesada. La averiguación previa 427/2004 lo señala por delincuencia organizada y robo. Ese mismo año, el 13 de septiembre, fue procesado junto con otros implicados en el penal de Puente Grande, Jalisco.
Las indagatorias lo ubicaron como cabecilla de una banda dedicada al robo de camiones con cargas de cerveza y otros productos, mercancía que después era comercializada en negocios operados por integrantes del propio grupo. Los asaltos se cometían con violencia y armas de fuego contra los choferes, a quienes despojaban de las unidades. Al menos nueve camiones quedaron documentados. El hoy legislador fue capturado cuando conducía un vehículo con carga robada y portaba un arma.
Tras tres años de proceso, el 16 de febrero de 2007, obtuvo su libertad luego de un acuerdo con el juez que incluyó el pago de 10 mil pesos.
Aunque la legislación de Jalisco impide competir por cargos de elección popular a personas con antecedentes penales, la autoridad electoral permitió su participación en el proceso de 2024, en el que ganó la diputación por mayoría relativa del Distrito 13.
Hoy, en el perfil oficial del Congreso del Estado, Leonardo Almaguer aparece como Presidente de la Junta de Coordinación Política del PT, Prosecretario de la Mesa Directiva e integrante de comisiones como Medio Ambiente, Protección Civil, Asistencia Social, Familia y Niñez, la Especial en Materia de Desaparición de Personas, Desarrollo Económico y Trabajo, entre otras. El contraste entre el discurso público y los antecedentes judiciales sigue sin explicación oficial.
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