Ciudad de México.– El diputado federal de Morena, Ricardo Crespo Arroyo, rechazó categóricamente las acusaciones de conflicto de interés y tráfico de influencias tras revelarse que dos de sus hermanos obtuvieron un contrato con el Infonavit para la construcción de “Viviendas del Bienestar” en el municipio de Zempoala.

El legislador enfatizó que su labor se limita estrictamente al ámbito legislativo en San Lázaro y que no posee relación alguna con la administración o los procesos de licitación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

” “Yo no soy ni dueño, ni he sido representante legal, ni apoderado legal; no tengo acciones, nunca he sido parte de esa empresa. No hay vínculo alguno de Ricardo Crespo con esa empresa de toda la vida”, sostuvo el legislador ante medios de comunicación.

Una empresa con “40 años de trayectoria”

Crespo Arroyo defendió la legitimidad del contrato argumentando que la constructora en cuestión es un legado familiar. Detalló que el acta constitutiva de la empresa data de 2005, pero que su padre se dedicó al ramo durante 50 años, heredando el oficio a sus hermanos, uno de los cuales es arquitecto y el otro abogado.

El diputado cuestionó el hecho de que su posición política deba limitar el derecho al trabajo de sus familiares, quienes, asegura, siempre se han dedicado a la iniciativa privada.

”  “¿Entonces no pueden construir? ¿No tiene derecho mi familia a subsistir? Mis hermanos se dedican a la construcción de toda la vida y están en su pleno derecho de participar en licitaciones”.

Respaldo a la revisión de Claudia Sheinbaum

Respecto a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien solicitó una revisión exhaustiva del contrato otorgado por el Infonavit, el diputado morenista se mostró a favor de la transparencia.

” “Al contrario (estoy de acuerdo)”, afirmó, reiterando que la continuidad del contrato dependerá de las instancias correspondientes. “Si no hay conflicto de interés, pues adelante”, añadió, confiado en que la investigación confirmará la legalidad jurídica del proceso.

Finalmente, el legislador descartó intervenir para que sus hermanos renuncien al contrato por voluntad propia para evitar el ruido mediático, argumentando que su responsabilidad como diputado es defender la Constitución y el derecho de todos los ciudadanos a un trabajo digno. El Infonavit será la instancia encargada de emitir el dictamen final sobre el caso.