Ciudad de México.-  La Cámara de Diputados inició el proceso de consultas, debate y discusión de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de fortalecer el combate a ese problema estructural del país.

“El problema de la corrupción, la criminalidad, la inseguridad, atenta contra la calidad de las instituciones, debilita en forma significativa la democracia y la convivencia en el país, por lo que la lucha contra este fenómeno se ha convertido en un imperativo en el debate nacional”, puntualizó Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en el Palacio de San Lázaro y principal promotor de la reforma.

Al participar en el foro Sistema Nacional Anticorrupción. Presentación de propuesta de reforma a la Ley General, la presidenta del mecanismo, Vania Pérez, advirtió que la corrupción no es ya solamente un tema de ética pública, sino representa un asunto de seguridad nacional, pues ha facilitado la operación de grupos criminales y se ha convertido en una amenaza para la estabilidad y gobernanza del país.

Prevén incorporar al SAT y la UIF 

Advirtió que los actos de corrupción se han infiltrado en el aparato de seguridad y justicia, limitando la soberanía del Estado mexicano y de algunos gobiernos.

Pérez presentó como una de las propuestas más avanzadas la recuperación de los activos producto de la corrupción.

“Si no vamos tras el dinero, podrías seguir teniendo a Duartes, a gobernadores, a gobernadoras, a políticos en la cárcel, pero eso no asegura la reparación del año y no asegura que el dinero vuelva para las quimioterapias que se debieron haber llevado en Veracruz, para los temas de seguridad alimentaria que tenía que ver con Segalmex y, así sucesivamente”, puntualizó.

Para ello se prevé la incorporación del Servicio de Administración Tributaria(SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al sistema anticorrupción.

“Transformación radical”

En su turno, Ramírez Cuéllar recordó que, en respuesta al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, él presentó ya la iniciativa de reforma constitucional y legal para una “transformación radical” del sistema.

“Necesitamos con urgencia reconstruir todo el sistema de auditorías y de fiscalización en el país. En marzo cambiamos al auditor general de la Auditoría Superior de la Federación”, dijo, y subrayó que la reforma busca impedir la reelección en esa instancia, a fin de garantizar auditorías oportunas para corregir y sancionar irregularidades.

Remarcó la necesidad de castigar todos los desvíos, ineficiencias y robos en la aplicación del presupuesto público y del presupuesto de las entidades federativas.