Filipinas.- El presidente filipino, Rodrigo Duterte, pidió este lunes al congreso extender hasta finales del 2018 la ley marcial que rige en el sur del país contra las rebeliones islamista y comunista.

En una carta enviada a los legisladores, que fue publicada por la presidencia, Duterte argumentó que la prolongación de la ley marcial en el tercio sur del territorio es necesaria para contener la ofensiva de yihadistas partidarios del grupo Estado Islámico (EI) y también para combatir la creciente amenaza de guerrillas comunistas.

Para sus detractores, se trata de un nuevo paso en la deriva autoritaria del presidente.

“Pido al Congreso de Filipinas que extienda la proclamación de la ley marcial y la suspensión del privilegio del decreto de ‘habeas corpus’ en toda la isla de Mindanao por un periodo de un año a contar del 1 de enero de 2018”, dijo el presidente en la carta.

El mandatario, de 72 años, impuso en mayo la ley marcial en Mindanao, una isla de 20 millones de personas, para responder a una ofensiva de los yihadistas contra la ciudad de Marawi.

Cientos de hombres armados arrasaron la ciudad, principal ciudad musulmana en un país católico, en una ofensiva que, según las autoridades, pretendía crear un califato del EI en el sudeste asiático.

La operación para reconquistar la zona, que contó con la ayuda de Estados Unidos, se prolongó durante más de cinco meses y costó la vida a más de 1.100 personas.

“Una dictadura de hecho”

Aunque Duterte afirmó en octubre que Marawi había sido liberada y responsables del ejército aseguraron que la mayoría de los jefes de la rebelión murieron, las autoridades ponen de relieve que varios combatientes islamistas consiguieron escapar.

En su carta, el presidente filipino afirma que la ley marcial contribuyó a contener el alzamiento islamista en Marawi.

“Los supervivientes de su grupo continuaron reconstituyendo su organización y reclutaron y entrenaron a nuevos miembros”, escribe Duterte.

Los parlamentarios tienen que votar esta semana su demanda, según un responsable de la mayoría.

Duterte habla también de la rebelión comunista, una de las más antiguas de Asia, que según él intensificó sus “acciones terroristas” para derrocar al gobierno.

En un principio, la ley marcial fue decretada por 60 días, pero los parlamentarios aprobaron en julio su prolongación hasta finales de año.

Este régimen de excepción es una cuestión espinosa en Filipinas ya que recuerda los peores momentos de la dictadura de Ferdinand Marcos, después de que instaura una ley marcial en 1972.

Duterte, que rehabilitó a Marcos al hacerlo enterrar en el cementerio de los héroes de la nación, amenazó con extender la ley marcial a todo el país si la amenaza islamista se propagaba más allá de la región de Mindanao.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que denuncian la sangrienta campaña del gobierno filipino contra el narcotráfico, acusan a Duterte de poner en peligro la democracia, tres décadas después de la revolución que expulsó a Marcos del poder.

“Creo que ya estamos en una dictadura de hecho”, declaró a la AFP el parlamentario de la oposición Tom Villarin.

El político recordó el proceso de destitución contra la presidenta del Tribunal Supremo, Maria Lourdes Sereno, o la encarcelación de una de las principales opositoras, la senadora Leila de Lima, detenida en febrero por razones “políticas”, según una resolución del Parlamento Europeo.