La discusión sobre la nueva Ley de Seguridad Interior es un extraño juego de paradojas. Por un lado, los activistas que dicen representar al pueblo se quejan de la militarización de la seguridad; pero el pueblo, aterrado por la violencia y harto de la corrupción de las policías, exige la presencia del Ejército. Además, el secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, afirmó en diciembre de 2016: “Yo sería el primero en levantar no una sino las dos manos, para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. No pedimos estar aquí. No nos sentimos a gusto”. Pero si las Fuerzas Armadas han recibido órdenes de hacer un trabajo de seguridad interior, el general secretario exige reglas claras. Los soldados que están haciendo una labor incómoda deben saber qué pueden hacer y qué no. De esta demanda surge la controvertida nueva Ley de Seguridad Interior.

Yo, en lo personal, creo que ha sido un error dar a las Fuerzas Armadas labores de policía. Esta medida ha causado daños enormes a unas instituciones cuya función constitucional no es llevar a cabo labores policiales, sino cuidar de la seguridad nacional ante amenazas del exterior. En mis viajes por el país, sin embargo, encuentro que los habitantes de las zonas más afectadas por la violencia suplican la presencia del Ejército. Afirman que las policías se han convertido en cómplices de los criminales y prefieren la disciplina de las Fuerzas Armadas.

Nuestra Constitución, como puede uno esperar de un documento parchado cientos de veces, es ambigua sobre el tema. El Artículo 89 señala que el Presidente de la República puede “disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada y Fuerza Aérea Nacionales, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. En contraste, el Artículo 129 advierte: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

La Suprema Corte de Justicia resolvió hace años que las Fuerzas Armadas sí pueden participar en tareas de seguridad interior. Los esfuerzos por declarar inconstitucional esta participación han caído por tierra hasta ahora. Lo mismo debe suceder con los esfuerzos actuales para llevar nuevamente el tema al máximo tribunal.

La nueva Ley de Seguridad Interior que pretende dar a las Fuerzas Armadas reglas para normar su actuación como policía no es perfecta, pero tampoco cae en las faltas que se le atribuyen por razones políticas. No militariza al país, sino que reglamenta una actuación que se viene dando desde hace décadas. No da al Ejército un papel permanente como policía, sino que establece la posibilidad de hacer intervenciones con una duración máxima de un año. No legaliza el uso del Ejército para reprimir manifestaciones, sino que descarta el empleo de las Fuerzas Armadas contra protestas sociales pacíficas. No da al Ejército carta blanca para espiar a los ciudadanos, sino que señala que las Fuerzas Armadas sólo podrán hacer uso de métodos lícitos para obtener información.

La Ley de Seguridad Interior no va a resolver el fracaso del Gobierno en el combate a la inseguridad. El simple hecho de que el Ejército tenga funciones de policía es un reconocimiento de una política fallida. Pero remover al Ejército de esta tarea sin que haya una policía operativa, o dejarlo sin reglas claras para operar, no hará más que dañar a la sociedad que reclama justamente seguridad.