Una de las conmemoraciones más concurridas y ordenadas del país con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, fue la realizada en Saltillo. Alrededor de 4 mil manifestantes (según notas de prensa) tomaron las calles para exigir a las autoridades respeto a sus derechos, seguridad y justicia. El epicentro del movimiento feminista en Coahuila es la capital, lo cual llama poderosamente la atención, máxime por ser de jóvenes en su mayoría. La estructuración y organización de los colectivos feministas, reflejada en la marcha del 8M, es resultado de un trabajo de años, de la indignación por los agravios acumulados y de la incuria gubernamental.

Ignorar el movimiento sería un error e intentar estigmatizarlo surte siempre el efecto contrario, es decir, lo energiza y le suma adeptos. Lo sensato es atender sus demandas, abrir cauces de diálogo y elaborar una agenda de compromisos puntuales sujetos a revisión permanente. El Congreso local, mayoritariamente femenino, le ha dado la espalda a las mujeres; su prioridad es la política mal entendida, pues la mejor forma de practicarla es del lado de las causas públicas y de las víctimas de la violencia y las desapariciones forzadas. Cerrar los ojos ante una realidad lacerante de impunidad desnaturaliza la representación de los legisladores, al margen de su género.

Las manifestantes hicieron la pinza en el Palacio de Gobierno: un contingente se plantó en la Plaza de San Esteban de la Nueva Tlaxcala y otro frente a la sede del Poder Ejecutivo donde instalaron un tendedero con fotografías de los desaparecidos desde el docenio de los Moreira. En un acto de justicia y de reproche, también colgaron retratos de los buscadores ya fallecidos: personas que dedicaron años a escarbar páramos en busca de restos o indicios de hijos, hermanos y padres tomados por la fuerza y cuyo paradero aun se ignora. Coahuila, como otras entidades, está sembrado de fosas clandestinas.

Una investigación de Eje Central, publicada el 30 de septiembre bajo el título Patrocinio, campo de exterminio, da cuenta del horror: “La mirada no alcanza. Los restos de hombres, mujeres, niños, de familias completas fueron esparcidos en un espacio que, por ahora, abarca un kilómetro y medio por 80 metros. Es la fosa clandestina creada por el crimen organizado más grande que se ha encontrado hasta ahora en el país. No solo por su dimensión, sino por la cantidad de restos de personas que podrían encontrarse, porque durante años esos grupos redujeron, casi a cenizas, a quienes secuestraban”. Patrocinio es un ejido de San Pedro localizado a hora y media de Torreón.

Desde el asesinato de Alondra Gallegos (20 años), a finales de septiembre de 2020, la Plaza de Armas se ha convertido en el punto de encuentro de las protestas contra los feminicidios, la violencia de género y movimientos como el de la Coalición de Trabajadores de la Educación. En los muros del edificio se han fijado fotografías de las víctimas y escrito consignas contra autoridades y políticos para quienes la imagen y la ambición de poder prima sobre cualquier circunstancia. El 8M dejó daños menores, comparados con el vandalismo y los destrozos registrados en otras capitales, por ejemplo, Monterrey, pero se los exageró para demeritar sus causas y atacar a los colectivos. Manifestarse es un derecho. Delitos son la megadeuda, los feminicidios, las desapariciones forzadas y la complicidad de quienes, en lugar de investigar, encubren a los responsables.