Por: Óscar Mario Betteta 

El último minuto de este viernes concluye la consulta pública en torno a los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias. El debate es controvertido y no es para nada sencillo, y nos pone frente al eterno dilema de toda democracia: cómo garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información de calidad sin abrir la puerta a mecanismos que puedan limitar la libertad de expresión.

La discusión es muy importante como para reducirla simplemente a una confrontación entre Gobierno y oposición, o a una falsa disyuntiva entre regulación y libertad absoluta. No podemos perder de vista que en realidad lo que está en juego es la arquitectura institucional que definirá quién ejerce el poder y quién es el árbitro de la conversación pública.

Los derechos de las audiencias no son una innovación del actual Gobierno. Fueron incorporados al marco constitucional mexicano a partir de la reforma de telecomunicaciones de 2013. Entre otros principios, reconocen el derecho de las personas a distinguir entre información y opinión, identificar contenidos publicitarios y contar con mecanismos de defensa frente a abusos de los concesionarios. Los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones buscan reglamentar esas disposiciones mediante códigos de ética, defensores de las audiencias y procedimientos de queja.

Visto de manera aislada, el objetivo parece razonable en una época como la que se vive en todo el mundo, marcada por la desinformación, la manipulación de los algoritmos y la erosión de la confianza en los medios. En estas circunstancias, exigir transparencia y responsabilidad editorial no resulta para nada descabellado. De hecho, muchos de esos mecanismos existen desde hace años en democracias consolidadas.

Sin embargo, las preocupaciones expresadas por periodistas, académicos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión no son producto de una paranoia colectiva. Surgen del contexto político en el que se impulsa la propuesta. Durante los últimos años, México ha experimentado una profunda reconfiguración institucional. Organismos autónomos han desaparecido o han perdido atribuciones; el Poder Judicial fue sometido a una transformación sin precedentes; y la relación entre el Gobierno y los medios se ha caracterizado por una confrontación constante. En ese escenario, es hasta natural que cualquier intento de regulación informativa sea recibido con recelo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el Estado no determinará qué es verdad y qué es mentira, y que las sanciones se limitarían al incumplimiento de obligaciones administrativas, como la ausencia de un código de ética o de un defensor de las audiencias.

El problema es que las democracias no se construyen únicamente sobre la base de las intenciones declaradas de quienes gobiernan. También dependen de los incentivos institucionales y de los controles al poder. La pregunta relevante no es si el Gobierno actual pretende censurar, sino si el diseño normativo impediría que un futuro Gobierno utilizara estas herramientas a conveniencia.

La preocupación se centra en que la CRT es un organismo cuyos integrantes son designados mediante un proceso en el que las mayorías políticas tienen una influencia determinante. En consecuencia, la confianza en su imparcialidad depende menos de las declaraciones de sus integrantes que de las garantías institucionales que limiten cualquier discrecionalidad. El Gobierno tiene razón cuando afirma que las audiencias poseen derechos. Pero sus críticos también tienen razón al advertir que la concentración de facultades regulatorias puede convertirse en una amenaza para la pluralidad informativa.

Por ello, la discusión no debería centrarse en si existen o no derechos de las audiencias, sino en quién vigila a los vigilantes.

Una democracia madura requiere medios responsables, pero también reguladores independientes. Sin ese equilibrio, la protección de las audiencias puede terminar convirtiéndose en un instrumento de presión sobre las voces críticas. Y cuando eso ocurre, el derecho que primero se debilita no es el de las empresas de comunicación, sino el de los ciudadanos a escuchar todas las versiones de la realidad.