Por: Mtro. César Adrián Oyervides Vaquera

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA en adelante) es la estructura constituida hace ya casi siete años (en 2015) para el combate de este fenómeno en el sector público y los particulares que prestan sus servicios al mismo. Y como tal, está integrado por áreas en las que participan ciudadanos que conforman un comité, pero también la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información de Datos Personales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los órganos internos de control y los sistemas locales anticorrupción de cada una de las entidades federativas.

En una primera vista la Ley del SNA, la participación de los municipios se encuentra limitada en el ámbito nacional del combate a la corrupción, por ejemplo, con la participación de sus órganos internos de control, cuando así se requiera. Por ello, dicha ley permite que los sistemas locales o estatales cuenten con una integración y atribuciones similares a la estructura nacional, en lo que resulte aplicable; y es donde los municipios pueden encontrar mayor participación en estos sistemas locales.

Se podría creer que para completar la jerarquía de los tres niveles de Gobierno en México, a nivel municipal se debieran constituir también estos sistemas municipales anticorrupción, sin embargo, esta última no fue una premisa al erigir el Sistema Nacional Anticorrupción, ni lo ha sido a lo largo de este tiempo. Existen algunas experiencias en la integración de estos sistemas municipales, como lo es en el Estado de México (que tiene 125 de estos sistemas), Jalisco, Querétaro, Nuevo León, entre otros; no obstante, no es obligatorio.

Lo anterior abona a la postura de diversos autores que señalan que las políticas públicas en México, en ocasiones no consideran la realidad de sus municipalidades, además de que no se promueve su autonomía y desarrollo; contribuyendo a una dependencia de este nivel de Gobierno y de las entidades federativas hacia el Gobierno federal. Lo cual llega a limitar su margen de actuación en diversas áreas, como lo es en este caso, en el combate a la corrupción.

Por lo anterior, se insiste en un replanteamiento del esquema federal en México, además de la renovación de la política pública del combate a la corrupción que incluya a este nivel de Gobierno más próximo al ciudadano y que, sin duda, carece de recursos económicos, humanos y técnicos, en esta y otras materias. Ello, además de los pendientes que otros actores han reportado de este sistema, como el enfoque de derechos humanos, la evaluación del desempeño y resultados de los sistemas locales, entre otros. Finalmente, como toda política pública, debe evaluarse su ejecución y dar seguimiento a estos resultados que se obtengan, para continuar con el ciclo correspondiente.