Al conmemorar el Día Mundial del Agua, se recuerda uno de los desafíos más onerosos que ha tenido la humanidad para su sobrevivencia con dignidad. En esta ocasión surgieron artículos y comentarios con diferentes enfoques, desde morales, administrativos, técnicos… no obstante, con cualquier perspectiva que se aprecie el problema, la constante que priva, en todas ellas, es la escasez del vital líquido. Pero de manera particular se agudizan las limitaciones hídricas en los países pobres y sectores marginados de las economías emergentes, sin descartar los de las naciones desarrolladas.

Hasta el “jefe” de la Iglesia católica elaboraba un documento, en alusión a esa conmemoración, no podía pasar inadvertido para la Santa Sede, su posicionamiento, trató de mejorar la credibilidad, ante la población católica, de la misión social de la Iglesia en el mundo: el agua no debe considerarse como un bien, regido por la oferta y demanda del mismo, y en función de esa ley determinar su precio, sino que el acceso al consumo humano es incondicional y universal.

El criterio humanista se privilegia sobre el de rentabilidad monetaria. Infortunadamente ese tipo de declaraciones, en el contexto de la economía, no tienen un futuro esperanzador, quedan en simples intenciones sin concretar, aunque sean muy bien vistas por las mayorías. Sin duda han generado rentabilidad o capital político transitorio, pero sus resultados han sido efímeros, o de muy baja calidad.

En un plano realista y alcanzable la teoría económica propone un abanico de políticas públicas que ayudan a optimizar la distribución del agua potable entre la población de manera relativamente equitativa, pero lamentablemente todas implican un costo tarifario para el consumidor, siempre y cuando la mercancía se pueda comprar y vender. Algunas políticas se formulan en función de cobrar tarifas diferenciadas, en función del sector, que generalmente se asocia al ingreso de la población residente; otras premian el ahorro del agua del consumidor, brindándole precios más competitivos…

El bien más caro es el que no se encuentra disponible en el mercado, independientemente de su precio. Asumiendo que el agua exista, independientemente de la cercanía o lejanía de los mantos freáticos o lacustres (embalses), una de las discusiones que aún no termina y sigue levantando ámpulas entre los sectores gubernamentales y empresariales es la forma de administrar el agua: pública o privada.

En México, son pocas las concesiones de agua que se han dado a las compañías privadas, en su mayoría las administran los municipios; y los esquemas de administración de las compañías no públicas han sido muy diferentes, dependen de los acuerdos a que han llegado con los presidentes municipales en turno. Al parecer para conmemorar el Día Mundial del Agua la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, retiró la concesión a cuatro empresas, que se encargaban de la instalación y mantenimiento de  medidores, además de la cobranza de los recibos de consumo de un sector poblacional de la capital. La justificación que dio la doctora, fue el ahorro que se lograría al devolver la regencia del agua al Gobierno, lo estimaba en 460 millones de pesos.

A manera de conclusión se puede decir, y parafraseando a un político chino, que mencionaba: “No importa que el gato sea negro o gris, lo relevante es que atrape ratones”. Para el consumidor de agua pragmático, lo más importante es que encuentre regularmente agua en los grifos para cubrir sus necesidades de higiene personal y de su hogar, y le tiene sin cuidado si es un burócrata municipal o un gerente empresarial, quienes se encarguen de prestar ese indispensable servicio.