El Congreso en funciones tiene mayoría femenil: 14 de 25 escaños son ocupados por mujeres. Sin embargo, una legislatura con tal composición es irrelevante en vista del compromiso y de los resultados en favor del género: ninguno. Mientras la mayoría de las diputadas respondan a los intereses espurios del clan que mantiene secuestrado al Estado, las mujeres coahuilenses sin dinero, padrinazgos políticos ni influencia en los círculos de poder serán objeto de desprecio y continuarán expuestas a la vesania criminal y a la ceguera de las autoridades responsables de brindarles seguridad y de procurar justicia.

En un país donde el sistema protege al criminal y no a la víctima, y más del 90% de los delitos no se castiga, ninguna mujer puede estar segura; ni en su casa ni en la calle. En un sexenio no tan remoto, la presidenta de un DIF municipal viajó a Parras, con signos de haber sido atacada, para denunciar a su esposo ante el Gobernador. Como se trataba de un asunto de pareja, quedó en familia. El episodio se repitió cuando el marido despachaba en otra sede.

En ambos casos, las autoridades y la prensa miraron para otro lado. El conflicto se zanjó con un divorcio amigable y, seguramente, con un acuerdo económico sustancioso. ¿Y la dignidad y el decoro? Su inexistencia no es condición ni estigma de todas las consortes. En la política, donde las preferencias íntimas se enmascaran, la mujer, muchas veces, no pasa de ser un accesorio, una coartada.

El feminicidio de Alondra Gallegos García (el 20 en el estado en lo que va del año) ocurre en el contexto de un proceso para elegir Congreso. La circunstancia ofrece a las 138 candidatas de todos los partidos la oportunidad de demostrar su indignación con acciones drásticas y no retórica vacua y electoralista. Si en el pasado los aspirantes del PRI ocultaban las siglas de su partido por vergüenza, hoy algunos de sus retoños prescinden del apellido para simular un cambio y ocultar juegos futuristas de agentes que reproducen, con cargo al erario público, modelos probadamente corruptos y ruinosos para el estado. Lo que “Natura non da”, como se vio con los Moreira, “Salamanca non presta”.

Si las candidatas desean enviar un mensaje irrefutable de solidaridad con las víctimas y sus familias; de repudio a las autoridades, a los partidos y a la legislatura por ignorar sistemáticamente el clamor de justicia de las mujeres; de indignación y empatía con una sociedad enfadada e indefensa, deben suspender inmediatamente sus campañas, elaborar una agenda común, organizar una marcha y plantarse frente al Palacio de Gobierno —también en el Congreso y en el Tribunal de Justicia— como ya lo hicieron jóvenes y adultos el 27 de septiembre en memoria de Alondra. Si en otros países los partidos se unen por causas superiores, ¿por qué en Coahuila no ante la epidemia de feminicidios?

Hay vientos que desatan tempestades y el feminicidio de Alondra es uno de ellos. La sociedad, acicateada por mujeres de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, se empieza a movilizar y a demandar no solo atención, sino la renuncia de autoridades estatales y municipales responsables de la seguridad y de la procuración e impartición de justicia, cuyo desempeño reprueban.

El crimen ha sacudido campañas vacías de contenidos. Las candidatas y los partidos que entiendan el momento y se pongan del lado de este movimiento, serán reconocidos. El malestar y la indignación deben expresarse en las urnas sin abandonar las calles ni las plazas.