La megadeuda jugará por tercera ocasión en las elecciones para Gobernador. En 2011 no alcanzó a impactar, al contrario, el PRI disparó su votación, pues el moreirato estaba en su apogeo. El escándalo estalló una semana antes de los comicios, cuando el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en una cena con empresarios de La Laguna celebrada en Torreón el 25 de junio, soltó la bomba: La deuda de Coahuila ascendía a 30 mil millones de pesos, cuatro veces más de la declarada. Humberto Moreira ya era presidente el PRI y había impuesto a Jorge Torres de interino y a su hermano Rubén como sucesor para cuidarle las espaldas.

Una parte de los créditos se contrató con decretos apócrifos, denunció en rueda de prensa el grupo parlamentario del PAN días más tarde. Cinco meses después, cuando Rubén Moreira estaba por asumir el poder, la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo de Javier Laynez Potisek —actual ministro de la Corte— reveló que 5 mil millones de pesos —una sexta parte de la deuda— se habían gestionado con documentos falsos. «Al día de hoy ha sido posible para las autoridades del estado comprobar que, de dicha cifra, solo mil millones de pesos fueron obtenidos con documentos apócrifos» [Mexicanos Primero Contra la Corrupción (MCCI)].

Sin embargo, endeudamiento real superaba los 40 mil millones de pesos, incluidos los pasivos con proveedores. Entre 2011 y 2023 se habrá pagado una cantidad similar —la mayor parte por concepto de intereses— sin que el moreirazo disminuya, pues aún se adeudan más de 36 mil millones de pesos. La amortización podría tardar todavía un cuarto de siglo (hasta 2048, según el secretario de Finanzas, Blas Flores). Tras varias solicitudes de información y un litigio ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública —controlado por incondicionales del clan Moreira—, en marzo de 2019 —ya en el Gobierno de Miguel Riquelme— MCCI tuvo acceso a la sentencia del único proceso penal concluido en el estado.

«El documento revela que fue la Fiscalía General de Coahuila a cargo de Jesús Torres Charles, la que recabó las pruebas. Este fiscal fue nombrado por el mismo Moreira en 2009. Mientras que Homero Ramos Gloria, procurador de Justicia del Estado, fue quien le dio continuidad a la investigación en contra de los involucrados», dice MCCI. (Ramos es actualmente magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; otro satélite del moreirato, Ulises Salas, está integrado a la Sala Civil y Familiar).

La adquisición ilegal de mil millones de pesos corrió a cargo de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y del Sistema de Administración Tributaria (Satec) por medio de un crédito solicitado al banco Santander en Ciudad de México el 28 de marzo de 2011. La condición para otorgarlo era la autorización del Congreso. Fausto Destenave, entonces director de CEAS, firmó el crédito «que debía incluir como anexo el supuesto decreto número 476 para cubrir este requisito», subraya MCCI. Empero, en la denuncia presentada por el PAN (…) se observó que este documento aún no existía (…), el verdadero decreto 476 fue publicado hasta el 19 de abril de 2011, pero no sobre la deuda, sino una ratificación como cuarta regidora del Ayuntamiento de General Cepeda (…). Es decir, que los servidores públicos falsearon información para obtener mil millones de pesos en créditos bancarios».

El moreirazo ha sido por 12 años el elefante en la habitación y ocupará el mismo sitio mientras el expediente de la deuda permanezca cerrado y el desvío de recursos públicos —utilizados para financiar campañas políticas y fabricar fortunas—, impune. La megadeuda fue una de las banderas del PAN en las elecciones para Gobernador de 2017, las cuales estuvo a punto de ganar, pero ahora es aliado del PRI. El candidato de Morena, Armando Guadiana, se ha olvidado del asunto. Ricardo Mejía, del PT, lo revivió y será uno de los temas centrales de la agenda.