Por: César Adrián Oyervides Vaquera

La Constitución Política en México prevé una organización territorial y competencial entre la Federación, las entidades federativas y sus respectivas municipalidades, concediendo a cada nivel diferentes atribuciones. Además, se reconoce la formación de las zonas metropolitanas, que surgen de la continuidad demográfica en dos o más centros urbanos en territorios municipales de dos o más estados, pero sin facultades de autodeterminación.

Es decir que, los tres niveles de Gobierno pueden intervenir para regular conjunta y coordinadamente el desarrollo, movilidad y seguridad vial de las zonas metropolitanas, con apego a las leyes. La metropolización es fenómeno universal y depende del contexto histórico y de aspectos sociales, económicos y políticos de la región para considerar su aparición. La experiencia a nivel global ha sido diversa, hay análisis que refieren que en la tradición estadounidense se toman en cuenta características poblacionales y de proximidad física, mientras que la europea cuenta con una visión económica.

De acuerdo con el INEGI, para el 2015, las 74 zonas metropolitanas en México concentraron a 62.8% de la población total del país. El número de zonas metropolitanas ha incrementado en cada estudio realizado por el Instituto y actualmente se observa la aparición de zonas metropolitanas intermunicipales en 47 ciudades y seis zonas metropolitanas interestatales. Lamentablemente, el Inegi señala que este desbordamiento territorial de las relaciones funcionales y económicas no se ha acompañado de políticas, herramientas o instrumentos de planeación, gestión o gobernanza.

En otras latitudes, estas zonas metropolitanas han sido reconocidas a nivel constitucional y dotadas de un autogobierno, como las llamadas comunidades autónomas en la nación española; abonando al proceso de democratización al respetar derechos humanos y libertades del pueblo y de las demarcaciones que constituyen para cumplir con sus objetivos. Sin embargo, este fenómeno no debe ser observado bajo la idea de separar el territorio, sino por la posibilidad de mejorar las condiciones económicas, políticas y sociales de la población de un territorio o conjunto de organizaciones políticas.

Si bien, la metropolización se encuentra en crecimiento en todo el territorio mexicano, constituye un paradigma que rebasa en muchas ocasiones a la realidad política, social e incluso legal de una determinada región, obligándola a innovar en relación a su estructura administrativa, para integrar unidades socioeconómicas cada vez más consolidadas.

Por esto y en aras de impulsar el progreso económico del país, ahora más, después de los efectos en la economía derivados de la contingencia de salud a nivel mundial; es necesario realizar ajustes al marco jurídico mexicano para acoger este tipo de realidades, lo cual permita acelerar el crecimiento económico del país, más allá de la distribución de competencias establecida hace más de un siglo.