Por: Juan Pablo Becerra Acosta

En el siglo pasado había una ley no escrita en México para quien pretendía ejercer el oficio del periodismo: “No te metas con el Presidente, con el Ejército, ni con la Virgen de Guadalupe”.

Era una censura previa, una autocensura, una especie de juramento de sangre, so pena de que fueras defenestrado de los medios, de cualquier periódico, de todos los diarios.

La triada de inmaculados se escribía así (Presidente-Ejército-Virgen), con mayúsculas priistas y tricolores, para que el silencio quedara bien tatuado en tu espíritu, y tu mente atemorizada sometiera cualquier tentación crítica contra los santurrones del régimen de partido de Estado.

En mi experiencia de vida eso se acabó al inicio de los ochentas, con aquel parteaguas periodístico que fue el Unomásuno, fundado y dirigido por Manuel Becerra Acosta, donde cesaron aquellas genuflexiones ante el poder —ante todos los poderes—, los cuales pasaron de erguirse como instituciones intocables para acabar siendo objeto de minuciosas pesquisas periodísticas.
A pesar de esos avances que se consolidaron en las siguientes décadas, hay costumbres autoritarias que persisten hasta estos días. Hay una “tradición” de que los secretarios de la Defensa y Marina no comparezcan ante el Poder Legislativo, y que si acaso acuden, no contesten nada.

Si viviéramos una verdadera transformación, ese tipo de hábitos obsoletos, procedentes del oscurantismo y la opacidad que caracterizaba a una dictadura, serían suprimidos de inmediato. El general secretario de la Defensa y el almirante secretario de Marina tienen la obligación de rendir cuentas ante el Legislativo, no porque lo diga yo, sino porque así quedó asentado en las recientes modificaciones constitucionales que permitieron que las Fuerzas Armadas continúen participando en labores de seguridad pública hasta el 2028: dos veces al año tienen que dar informes y someterse al escrutinio de los legisladores.

Eso significa, en cualquier democracia, que sean cuestionados, que les hagan preguntas duras, y que contesten con claridad, independientemente de si hay tribunos que son majaderos e insolentes. Allá las léperas y los vulgares con sus exhibiciones en el Congreso, que los retratan de cuerpo entero con toda su pobreza discursiva e ideológica, pero eso no debe ser pretexto para que los militares se nieguen a rendir cuentas. Contestar preguntas y aclarar inquietudes no es opcional, ellos dos (y sus sucesores) tienen que acatar la Constitución.

Si hoy el general Luis Cresencio Sandoval se niega acudir al Legislativo para responder cuestionamientos sobre el hackeo del que fue víctima la Secretaría de la Defensa, si se niega a dar información acerca de la vulnerabilidad de los servicios de inteligencia y sus múltiples informes sobre grupos criminales, ¿qué podemos esperar si ocurrieran hechos que implicaran violaciones graves a los derechos humanos, o si hubiera tremendos actos de corrupción que constituyeran nexos con el crimen organizado? Nada. El silencio. La opacidad. Impunidad.

Estos días me he preguntado y he preguntado a quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador si acaso el Presidente no tiene claro lo que está anidando: un poder militar sin límites, negado a la transparencia y a la menor rendición de cuentas, que en el momento que se sienta amenazado en otro sexenio, podría tener la osadía de dar un manotazo y ponernos una bota encima. Basta que un generalato ensoberbecido se harte de la clase política, de los medios y de alguna Presidenta o Presidente liberal con convicciones democráticas y de rendición de cuentas, para que, escudada en su altísima popularidad, una junta militar saque los tanques y terminemos donde Sudamérica padeció en los años 70: con las libertades conculcadas.

Cuidado, en Palacio Nacional y Bucareli están jugando con fuegos que podrían dejar herencias devastadoras para la democracia mexicana.

Rectifiquen, señores, el general sí tiene quien le pregunte: nosotros, los periodistas.

Juan Pablo Becerra-Acosta
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