La democracia mexicana atraviesa su hora más oscura porque, durante décadas, la fortaleza del arbitraje electoral residió en la certeza técnica, la transparencia presupuestal y una independencia a prueba de sospechas que hoy se desmorona a pedazos. Desde abril de 2023, cuando Guadalupe Taddei Zavala asumió la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la institución no sólo perdió su autonomía, sino que fue sometida a una red opaca destinada a desmantelar las certezas democráticas y saquear los recursos públicos, transformando lo que antes era un escrutinio feroz por parte de la hoy bancada oficialista en un silencio cómplice ante el escándalo de corrupción más estruendoso del órgano electoral.

Investigaciones periodísticas destaparon un esquema insólito donde Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de la presidencia del INE con un sueldo de 45 mil pesos, figuraba simultáneamente como apoderado legal de Corporativo Zeg, una empresa favorecida con millonarios contratos públicos con el mismo INE que, junto con Cajas Graf, S.A. de C.V., ha operado con total impunidad a pesar de estar bajo la lupa por irregularidades financieras y sobreprecios. Frente a estas evidencias, la presidenta Taddei ofreció explicaciones cínicas y contradictorias, en las que hasta se negó a explicar el porqué, los propietarios de dichas empresas le ofrecían fiestas lujosas por su cumpleaños, según videos del reportaje, intentando, sin lograrlo, atajar las necesarias auditorías de la Auditoría Superior de la Federación para aferrarse a un cargo para el que éticamente ha quedado inhabilitada, dejando al desnudo la doble moral del oficialismo.

Lo más grave para nuestro estado es que este entramado no es ajeno a nosotros, ya que, apenas unos meses después de que Taddei tomara las riendas del organismo nacional, este mismo grupo de empresas comenzó a extender sus redes operativas hacia casi todos los procesos electorales locales y al ámbito federal, irrumpiendo en Coahuila durante las licitaciones públicas IEC/002/2023 e IEC/008/2023 para la provisión de material electoral, donde Cajas Graf llegó a presentar ofertas por 72.5 millones de pesos que rebasaban el techo presupuestal y detonaban fuertes dudas técnicas sobre su verdadera capacidad y costos.

Por todo esto, resulta indispensable encender las alarmas para evitar que estos mismos proveedores pretendan meter las manos en los próximos comicios coahuilenses, siendo fundamental que la ciudadanía exija una auditoría independiente y exhaustiva a las administraciones del INE y del Instituto Electoral de Coahuila sobre la contienda de 2023, con el fin de aclarar cómo y por qué se terminaron eligiendo esas opciones cuando evidentemente existían alternativas mejores y más transparentes. El presupuesto invertido en las elecciones locales proviene íntegramente del esfuerzo y los impuestos de las familias de nuestro estado, por lo que exigimos frenar el cinismo, deslindar responsabilidades y blindar las arcas públicas para defender con firmeza la integridad institucional de Coahuila.