Por: Luis Herrera Lasso M. 

México llegó al siglo 21 con un régimen político cuyas instituciones democráticas permitieron, desde tiempo atrás, transiciones pacíficas del poder político. El presidente López Obrador llegó al poder como resultado de una contienda electoral, de acuerdo con las leyes y ordenamientos construidos por los mexicanos durante muchas décadas.

Sin embargo, al poco tiempo de llegar al poder, se encontró con que otros órganos del Estado, como el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial, podrían ser un obstáculo al ejercicio del poder presidencial al constituirse como contrapesos naturales de la democracia. Desde entonces el Presidente ha hecho todo por debilitar y disminuir a estas instancias mediante la reducción de presupuestos, la colocación de incondicionales a su interior y, no menos grave, mediante constantes ataques públicos en contra de estos órganos y sus integrantes.

Lo que quizás no esperaba el Presidente es que, a pesar de las presiones, golpes presupuestarios y otras modalidades de ataques, estas instancias han mantenido su margen de independencia y, dentro de sus atribuciones, le han echado atrás reformas constitucionales y ordenamientos presidenciales al encontrarlos fuera de la legalidad.

Después de cinco años de Gobierno es evidente que para Morena y su líder lo importante es el poder y no el buen gobierno. El poder ejercido en forma piramidal sobre los recursos, sobre todas las decisiones de Gobierno y sobre las mentes de los mexicanos. El inicio anticipado del proceso para la elección presidencial 2024 es la mejor prueba de esta afirmación.

Desde que inició el proceso, hace varias semanas, el Presidente ha utilizado su posición para promover a su partido y a sus candidatos y para atacar y disminuir a la oposición. Si bien por la forma en que han sucedió las cosas (una situación sin precedente de precampañas antes de las precampañas) todos los posibles candidatos han incurrido en irregularidades. Sin embargo, las más notorias han sido las de Morena y su líder, cuya grave actuación fuera de la ley le ha valido constantes llamamientos de la autoridad electoral a mantener una posición neutral, como le obliga la ley. El Presidente ha hecho caso omiso a estos llamados y, con el mayor de los cinismos, instauró en su mañanera una sección que denominó “no lo digo yo” para continuar promoviendo a Morena y a sus candidatos, en franco desacato a las disposiciones legales.

Las consecuencias de este comportamiento presidencial para la democracia mexicana son muy graves. Todo parece indicar que el Presidente no acatará ni las leyes ni los mandatos de las autoridades electorales, con lo que, una vez más, da el ejemplo de que “cuando la ley no te favorece, lo que procede es ignorarla”.

En el corto y mediano plazo todo apunta hacia un enorme desaseo en el proceso electoral, liderado y promovido por el propio Presidente. Al llegar el momento de registro, varios candidatos podrían encontrarse con que les es negado el registro por violaciones a la ley electoral y que no podrán competir. Esto podría llevarnos a una crisis mayor; todo gracias al voluntarismo político y al desprecio de las leyes por parte del actual Presidente.

Pero el ámbito electoral no es el único en el que el Presidente y sus correligionarios infringen las leyes y desacatan los llamados de la autoridad. La aparición de los libros de textos con múltiples irregularidades en el proceso de elaboración y con serias y graves imprecisiones y distorsiones de la historia, han sido motivo de amplias demandas. La Asociación Nacional de Padres de Familia pidió a los tribunales la suspensión de la producción y distribución de dichos textos y su demanda derivó en una suspensión definitiva por parte del Poder Judicial.

De nuevo el Presidente abiertamente desafió al Poder Judicial al decir que los libros ya estaban impresos y que de cualquier manera serán distribuidos y utilizados en las escuelas. La primera lección para niños y jóvenes de nuestro país por parte de su Presidente es que las leyes sólo se deben acatar “cuando así conviene a mis intereses”, que el estado de derecho es sólo un discurso y que lo importante es tener el poder para actuar al margen de las leyes sin pagar consecuencias. No exagero al decir que es el mismo mensaje que han recibido y adoptado con beneplácito la delincuencia y el crimen organizado en nuestro país.

López Obrador ha magnificado un mal que aqueja a nuestro país a lo largo de su historia y que es la predominancia del poder sobre el estado de derecho. La pregunta desde las cúspides políticas y económicas no es ¿cómo lograr mis objetivos en el marco constitucional y las leyes vigentes?, sino ¿cómo evado las leyes y las consecuencias de su incumplimiento si así conviene a mis intereses? Mientras esta situación persista, nuestro avance como país seguirá siendo tan lento como el de una tortuga adormilada.