Por: Francisco Muller

El olvidado proyecto presidencial de las reformas al sistema de pensiones en México resurge, vuelve a comentarse en los medios de comunicación y a debatirse en los círculos políticos y económicos, particularmente en el seno de los partidos y entre los sindicatos empresariales del país.

A raíz de las iniciativas de cambios constitucionales que mandará el ejecutivo federal, al Congreso de la Unión y que previamente dio a conocer a la opinión pública, el pasado 5 de febrero; una de ellas, se centra en modificaciones estructurales en el mercado laboral nacional, en el cual interactúan: empleadores, trabajadores y Gobierno, que sin duda deben conciliar intereses para la buena marcha de lo que se está proponiendo.

Literalmente se dijo, en ese aniversario de la Constitución: “Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada en el Gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afecta injustamente a trabajadores del IMSS y del ISSSTE, pues les impide jubilarse con el 100 por ciento de su salario.

Para reparar este daño, desde el 1° de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos, que se irá incrementando, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores”.

La exposición presidencial se fundamenta en dos premisas de economía política: El gobierno es el agente responsable de combatir las asimetrías crecientes en el ingreso de las familias que conforman la sociedad. Obviamente por la vía no violenta. Lo puede realizar a través de políticas salariales, políticas impositivas, políticas arancelarias, transferencias de ingreso, etc.; que bien implementadas pueden lograr una mejor distribución del ingreso entre la sociedad. Porque el libre juego de las fuerzas de mercado difícilmente lo va a hacer.

La otra proposición señala que la indolencia gubernamental hacia las capas de población más vulnerables social y económicamente, representa un latente riesgo de ingobernabilidad.

Antecedentes pensionarios

El Congreso de la Unión en 2020 aprobaba cambios en el fondo de pensiones de los trabajadores adscritos al régimen de 1997. Las cuotas patronales para el retiro, en un plazo de 10 años se incrementarían paulatinamente hasta llegar en 2030 al 15 por ciento, luego de que estás en 2019 eran de 6.5 por ciento. Lo que traería, de acuerdo con proyecciones actuariales, un aumento de 100% en los ahorros de los trabajadores en 2035.

Aparejada con esa reforma, se autorizaban dos más, que la complementaban: las comisiones que cobran las Afores por administrar los fondos monetarios disminuirían en promedio, pasando de 0.808 a 0.566 por ciento, que se mantendrán durante 2024. Y el número de semanas cotizadas bajaba, para lograr una pensión. Con esas modificaciones a la Ley se estimaba que la tasa de reemplazo aumentaría, en seis puntos porcentuales con respecto a la que se tenía previa a la reforma aludida.

La propuesta de reforma de 2024

Tal parece que los acuerdos alcanzados en 2020 con las cámaras empresariales no fueron suficientes, en virtud de que la tasa de reemplazo salarial no rebasaba 50% de los ingresos que percibía el trabajador antes de pensionarse. Lo que indefectiblemente le reducía drásticamente su calidad de vida en la etapa final de su existencia.

De ahí la justificación social de las iniciativas presidenciales, que proponen…

“Que las personas trabajadoras con sesenta y cinco años que empezaron a cotizar después del 1° de julio de 1997 conforme a la Ley del Seguro Social, y las personas trabajadoras que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS, cuando la pensión que obtengan en términos de la ley sea menor a dicho promedio…”

Con la nueva reforma las aportaciones pensionarias obligatorias de patrones y trabajadores no sufrirán cambios, los ajustes monetarios para alcanzar el salario jubilatorio propuesto, los absorberá el Gobierno federal, a través, de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), que se formará básicamente por ingresos provenientes de: liquidaciones de dependencias; adeudos que tengan dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos, así como de recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, etc.

En una revisión preliminar de la propuesta se puede decir, que socialmente es aceptable y popular, pero técnica y financieramente requiere de soportes financieros sólidos en el largo plazo, independientes a las fuentes de ingresos sugeridas para “nutrir al FPB”. Quizá el impactó que está causando la propuesta en la clase trabajadora del país sea más que suficiente para el Gobierno, que definir el ¿cómo sostenerla?