Javier Laynez Potisek es uno de los coahuilenses agraviados por la megadeuda de 36 mil millones adquirida en el Gobierno de Humberto Moreira, la cual, a casi una década de haber sido destapada por la Secretaría de Hacienda, permanece impune.

Ministro de la Corte desde el 10 de diciembre de 2015, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, el lagunero presentó cinco denuncias ante la PGR relacionadas con el moreirazo. Entre las evidencias se recabaron “documentos falsos, números de créditos que no existen o que corresponden a otra materia o tenemos casos donde el contrato de crédito con un banco es totalmente distinto al contrato cuya copia nos entregaron en Hacienda”, declaró a Carlos Loret de Mola en una entrevista telefónica cuando era procurador fiscal de la Federación (El Universal, 02.11.11).

“Las primeras tres denuncias presentadas ante la PGR por la Procuraduría Fiscal de la Federación datan del 25 de agosto –de 2011, cuando Moreira ya ocupaba la presidencia del PRI por voluntad de Peña Nieto, énfasis del reportero–, por igual número de créditos irregulares que suman 3 mil 100 millones de pesos; ayer se formularon dos querellas más por 2 mil 200 millones de pesos, en los que funcionarios falsificaron documentos oficiales para la contratación de deuda pública en dicha entidad, garantizando como pago participaciones federales, lo que es ilegal”, dice la nota.

El Gobierno de Moreira “gestionó los créditos con instituciones bancarias distintas –Santander y El Bajío–, igual con documentos falsos federales y locales. Hacienda detectó las anomalías ya que uno de los acreedores, el Banco del Bajío, acudió a la Tesorería de la Federación para exhibir el crédito otorgado por el Gobierno de Coahuila por mil millones de pesos, garantizado con participaciones federales, cuando no había un expediente oficial en trámite”.

Laynez, quien inició su carrera en 1983 como abogado hacendario del Tribunal Fiscal de la Federación, ha colaborado con los seis últimos presidentes. Felipe Calderón lo nombró procurador fiscal, y Peña lo nominó para ocupar el lugar de Juan Silva Meza en la Suprema Corte. Su hoja de servicios parece impecable.

Es el tercer ministro de origen coahuilense después de Raúl Castellanos y Atanasio González, quien, después de que el presidente Zedillo disolvió la Corte en 1995, renunció al PRI para postularse para gobernador por Unidad Democrática de Coahuila.

Junto con Luis María Aguilar y Norma Lucía Piña –propuestos por Calderón y Peña para la Suprema Corte de Justicia–, Laynez votó en contra de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes por inconstitucional.

“Yo no tengo duda de lo que significa la participación de la sociedad y creo que eso no está a discusión, hay muchas formas de consultar a los ciudadanos”, declaró el juez originario de Torreón.

El moreirazo no ha prescrito. En Coahuila existen denuncias penales por el desvío de más de 4 mil millones de pesos y por la distracción de 475 millones de pesos a empresas fantasma en el Gobierno de Rubén Moreira, presentadas por la Auditoría Superior del Estado.

Con tantos peces gordos a la vista, la Fiscalía General del Estado se conforma con el exalcalde de Ramos Arizpe, Ramón Oceguera cuyo mayor pecado, según parece, no consistió en utilizar recursos del erario para fines personales, sino buscar nuevos derroteros políticos.