Si en el sexenio de Peña Nieto las empresas domiciliadas en el Estado de México –reales o fantasmas– acaparaban los contratos del Gobierno federal, en el de López Obrador los tabasqueños aparecen como beneficiarios hasta en las compras más insospechadas, en territorios que nada tienen que ver con su ámbito de atribuciones y competencia.

Cito un ejemplo. El 26 de mayo la Comisión Federal de Electricidad adjudicó 28 millones 797 mil 255 pesos a la sociedad mercantil Jarkol Technologies, S.A. de C.V., de Villahermosa, Tabasco, por un supuesto trabajo que realizará del 30 de mayo al 27 de agosto en Agujita, Sabinas.

Si bien la empresa existe y ofrece servicios de ingeniería y consultoría para la industria energética, a cargo de Carlos Alberto Cerón Rendón, se trató de un proceso cerrado, el cual consistió en una invitación dirigida cuatro días antes de la adjudicación a quien resultó “ganador”.

En ningún momento estuvo abierto a otros participantes o terceros ni siquiera para ver el contenido de la convocatoria. De hecho no hubo una convocatoria, ni bases, ni un pliego de requisitos. Nada. Al estilo de la CFE durante la 4T, pues.

Públicamente solo existe un nombre rimbombante para titular el presunto servicio que fue contratado: Estudio Integral de Geociencias de Alta Especialización con Tecnologías Avanzadas para la Caracterización Geofísica del Subsuelo en la Mina Pinabete.

Pero no se apantalle por el título, aquí viene lo interesante. Una semana previo a la adjudicación del contrato, el 19 de mayo, la CFE presentó en vía por separado un proyecto de 607 páginas a Semarnat, denominado, Obras para la Búsqueda y Recuperación de los Mineros Atrapados en la Mina El Pinabete, a fin de obtener la manifestación de impacto ambiental necesaria para desarrollar las actividades en el sitio.

A la fecha, el trámite no ha sido resuelto pese a que llevan 10 meses removiendo el terreno haciendo “un tajo a cielo abierto para descubrir e ingresar a las galerías siniestradas, con el fin de proceder a la búsqueda y rescate de los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados”.

Sin embargo, para reunir los datos que se presentaron en el estudio referido, CFE firmó bajo protesta de decir verdad haber aplicado “las mejores técnicas y metodologías comúnmente utilizadas por la comunidad científica del país, y el uso de la mayor información disponible”.

Entre las cuales destaca, curiosamente, las especificaciones técnicas del subsuelo. Es decir, ya contaba con los resultados que arrojará el ‘trabajo’ que pagó a los tabasqueños en 28.7 millones y que, según su oficio CFE-0003-ADSON-0001-2023, hasta finales de agosto tendrá. ¿Entonces para qué sirvió ese dinero? ¿Qué financia en realidad?

Ahí no acaba el asunto. La propuesta de Jarkol Technologies, S.A. de C.V., fue presentada en conjunto con RBY Arquitectos, S.A. de C.V., persona moral de San Antonio de la Cal, uno de los 570 municipios que conforman el estado de Oaxaca, cuyo único antecedente de contratación con entes públicos es, precisamente, el Gobierno del Estado de Oaxaca.

¿Qué hace a mil 650 kilómetros de distancia si su objeto social es simplemente la construcción? ¿No había proveedores locales de la Región Carbonífera para apoyar en labores que no requieren especialización alguna?

Ahora bien, ¿y los 779 millones 351 mil 246 pesos invertidos previamente? ¿De qué han servido?

En el documento entregado a Semarnat estima la CFE dos años para terminar y una inversión total de mil 44 millones de pesos. Por su parte la coordinación nacional de Protección Civil informó el 7 de junio que registra un avance del 61.82 por ciento. Y ayer el Presidente dijo en su conferencia matutina que “antes de agosto” quedará listo. No sorprende su ligereza.

Cortita y al pie

Tampoco hay que olvidar a los “de casa”. En este mismo espacio se publicó el 3 de noviembre de 2022 que CFE adjudicó sin licitación un contrato de 730 millones 302 mil 262 pesos a Grupo Construcciones Planificadas (Construplan), S.A. de C.V., de Hermosillo, Sonora, para la “segunda etapa” de las obras en El Pinabete.

Y Construplan ha sido la constructora consentida del morenista Alfonso Durazo, ingeniero civil de profesión, en su primer año como Gobernador de Sonora. Pertenece a Alfonso Reina Villegas, expresidente del capítulo Sonora de la CMIC de 2020 a 2022, quien es tan cercano al también presidente del Consejo Nacional de Morena que ha estado en posición de integrarse al gabinete estatal.

Previamente, en una “primera etapa”, CFE había desembolsado 37 millones 653 mil 343 pesos a Construcciones Transforma, S.A. de C.V., de Boca del Río, Veracruz.

Como responsable de la razón social figura Joaquín Barrañón Carreón, quien, como se dijo aquí el 17 julio del año pasado, se dedica en realidad al transporte de combustibles, sin ninguna relación con la industria (pese a ello, también se había embolsado de CFE otros 57 millones 676 mil pesos por carbón mineral el 14 de julio de 2022).

La última y nos vamos

Por lo demás, después del siniestro en El Pinabete no hubo lo verdaderamente importante: justicia, ni plan de conversión, ni garantías de no repetición, sino lo de siempre: danza de los millones, oportunismo y lucro. La transformación, que le llaman.