En una ciudad, Saltillo, desaletargada socialmente los últimos días gracias a la manifestación pública de los estudiantes del Instituto Tecnológico, aún queda un paraíso de apatía cruzando la calle, en donde miles de universitarios pueden coexistir con un mecanismo de corrupción institucional mientras votan a favor del candidato único contra la opción de “nuevas elecciones” cada que deben “elegir” autoridades.

Año tras año. Una y otra vez.

En la Universidad Autónoma de Coahuila nada cambia, salvo los cosméticos ajustes de julio pasado al Estatuto Universitario, o las también recientes acciones fútiles encaminadas a la igualdad de género.

De 2019 a 2022, es decir, durante todo el rectorado de Salvador Hernández Vélez, fueron desviados 20.1 millones de pesos utilizando una coartada clásica en nuestro ecosistema político: la facturera neoleonesa de reciente creación que sirve para dispersar dinero público sin consecuencias.

Cuestionada vía transparencia, la UAdeC entregó a quien esto escribe una respuesta cuando le fueron requeridas las asignaciones presupuestales a Grupo Empresarial Comro, el actor involucrado. En el documento, identificado con el folio 53/2021-PS, manifiesta que la contratación de 2021, una de las cinco que constan en documentos, se realizó para “control del proyecto de comunicación 2021”, que consistió en “administrar los pagos a personas físicas o morales que brindan servicios indirectos de comunicación y difusión”, mediante ocho pagos mensuales de 627 mil 813 pesos efectuados de abril a noviembre.

Dicho de otra forma: contrató un pagador. O por lo menos así lo justifica en su comunicación. Entonces aquí surge una pregunta: ¿no podía la Tesorería pagar directamente a esas “personas físicas o morales que brindan servicios indirectos de comunicación y difusión”? ¿Para qué necesita un intermediario neoleonés? ¿No le resulta por lo menos absurdo?

No se trata de cuestiones de economía ni eficiencia administrativa. Inclusive el presupuesto autorizado para “difusión institucional” de la UAdeC en 2021 fue oficialmente de 10 millones 920 mil pesos (en 2022 etiquetaron una cifra similar), por tanto, lo destinado a Grupo Empresarial Comro (5 millones 201 mil 618 pesos) supondría casi 50% del total, algo a todas luces fuera de lugar, máxime cuando se trata de un sujeto ajeno a la entidad. Justo es decirlo: en realidad 44 millones 179 mil pesos fueron ejercidos en 2021 por concepto de “servicios de comunicación social y publicidad”.

No es un caso atemporal o aislado. Por el contrario, la máxima casa de estudios en el estado es el cliente frecuente por excelencia de la Auditoría Superior, tanto federal como estatal, y quien cada ejercicio fiscal encabeza en Coahuila las irregularidades observadas por el ente fiscalizador, entre información presupuestal, contable y financiera.

Naturalmente y en defensa de la Universidad se podrá decir que dichas observaciones obedecen a tecnicismos administrativos y que, eventualmente, pueden ser aclaradas (lo cual a veces ocurre, y en otras, pese a subsistir el daño patrimonial, casi siempre quedan en nada, luego de un kafkiano proceso anticorrupción).

Para dimensionar: en el último informe disponible, correspondiente a 2021, la Auditoría Superior de la Federación señaló, entre otros detalles, como evasión de impuestos, ejercicio millonario de recursos sin documentación comprobatoria, plazas, tabuladores y categorías que no se justifican, que la UAdeC emitió 209 mil 330 facturas ese año. No obstante, “el importe de los comprobantes fiscales expedidos no fue congruente con el importe reportado como ejercido en su cuenta pública, ni con los recursos del gasto federalizado transferidos a las universidades públicas estatales”.

Actúa como facturera, pues.

Y no sólo eso. La UAdeC fue campeona nacional ese periodo en irregularidades entre las universidades públicas estatales fiscalizadas en su “gasto federalizado”. Ese que tanto reclaman sus autoridades cada nuevo ejercicio fiscal, adoleciendo insuficiencia presupuestaria.

Cortita y al pie

Por lo demás, ¿con qué finalidad llegó el dinero de la UAdeC hasta unas oficinas rentadas por horas en Valle Oriente, uno de los distritos con mayor plusvalía de San Pedro Garza García?

¿Qué sucedió realmente con los 20.1 millones de pesos adjudicados para “difusión de información” de 2019 a 2022?

La última y nos vamos

Por algo será que hay más aspirantes a su rectoría para 2024, que los que   hubo para la Gubernatura de Coahuila en 2023.

¿Y la masa indolente de universitarios?