No presentaron candidato a Gobernador de Coahuila en la más reciente contienda, perdieron el registro estatal como partido político al no alcanzar siquiera el 3% de votación válida efectiva donde sí postularon representantes, se fueron en blanco en la elección de diputados locales, y terminaron en último lugar de preferencia electoral entre ocho emblemas.

No se trata de un divorcio con los coahuilenses ya que jamás ha existido una relación. Por el contrario, para lo único que interesan a Movimiento Ciudadano los habitantes de Coahuila es para usar sus datos personales, constituir con ellos sociedades mercantiles en contubernio con algún notario público, y facturar después operaciones simuladas utilizando esas razones sociales como coartada de negocios. Me explico.

Es un tema explorado periodísticamente por todas sus aristas que sin embargo sigue siendo -luego de cumplirse una década de revelados los primeros indicios- la principal fuente para allegarse recursos ilícitos utilizando el sistema bancario, tributario, registral y por supuesto, el origen del saqueo: los presupuestos. Sin que nadie lo frene a la fecha, evidentemente.

Ayer el periódico El Norte publicó un reportaje donde queda de manifiesto lo anterior, pues Glen Alan Villarreal Zambrano, de 35 años, quien fue coordinador de Comunicación Social en el Gobierno emecista de Nuevo León con Samuel García desde su inicio (y posteriormente fue sacrificado al ventilarse asuntos de corrupción que le involucran, como un contrato por 10.4 millones de pesos que asignó en marzo de 2022 a un sitio web de noticias con el cual está vinculado laboralmente, o pagos por 19.6 millones de pesos entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 a una empresa fantasma), estableció una red entre su compañía de comunicación y marketing, BMDI, S.A. de C.V., y 107 factureras identificadas por el medio de comunicación a partir de certificados fiscales del SAT, todas de reciente creación, algunas incluso en la misma fecha, de manera exprés y con socios que ni enterados estaban, 88 de las cuales fueron constituidas en Coahuila y particularmente 20 con el notario público 76 de Saltillo, Carlos Eduardo Elizondo Ramos, a quien le fue retirado el fíat en febrero de 2020 por irregularidades en su actuación.

A su salida de la Administración estatal, en enero de lpresente año, Glen Villarreal funge actualmente como secretario general de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Cayó parado, pues. Dicha telaraña le ha representado una facturación estimada en 25 millones de pesos.

Y aquí viene lo interesante. Pese a la cercanía territorial, misma que supondría mayor influencia y presencia más allá de aparecerse cada campaña como si fueran una opción real, a MC no le interesa el padrón electoral de Coahuila. Ni siquiera su gente. Como botón de muestra, El Norte rastreó algunos de los presuntos accionistas en las referidas 88 empresas fantasmas y encontró albañiles, vigilantes, operarios y cuidacoches, todos radicados en zonas populares de Saltillo, sin ninguna relación o parentesco con el centenar de razones sociales.

Y eso es, en el fondo, la despersonalización y deshumanización de la política: reducir las personas a meros datos para crear factureras.

Ni Movimiento ni mucho menos Ciudadano.

Cortita y al pie

Es habitual enterarse de sociedades mercantiles creadas por coahuilenses en cualquiera de las notarías ubicadas en los municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey, con el ánimo de facturar operaciones simuladas en Coahuila. Existen ejemplos a pasto que han sido documentados en este mismo espacio con anterioridad. Antecedentes que datan desde María Esther Monsiváis Guajardo hasta Tania Vanessa Flores Guerra, el caso más reciente.

Ahora sucedió al revés. De allá para acá, aunque con idéntico modus operandi. Hoy Nuevo León devuelve la copa.

La última y nos vamos

Alguien podría decir en su defensa que se trata de un caso aislado vinculado a un militante de MC, y no de una operación sistemática enderezada desde la sede del partido naranja. O que las empresas fueron creadas tiempo atrás y por tanto se trata de un delito continuado, anterior a su responsabilidad como servidor público.

Pero no es así. Movimiento Ciudadano no es la tercera vía en un entorno polarizado entre dos bloques políticos. Y para venderse como una opción fresca, saneada y dignificada que no se mezcla con “la vieja política”, hacen exactamente lo mismo que reniegan.