Las calles de San Luis Potosí están tapizadas con fotos de Ricardo El Pollo Gallardo sonriente, con actitud triunfadora. El candidato del Partido Verde y del Trabajo allí tiene dos motivos para sonreír. Su candidatura va de primer lugar en la mayoría de las encuestas al gobierno estatal. Y el gobierno mexicano ha decidido posponer la investigación financiera de él y su familia, hasta después de las elecciones.

Gallardo debería tener un tercer motivo de alegría. La denuncia que Hacienda interpuso en su contra a finales de 2020 no parece estar respaldada por nuevas investigaciones bancarias de su patrimonio. En cambio, aparenta tratarse del remake de un caso por el que El Pollo estuvo preso en 2015 y fue liberado meses después.

Ricardo Gallardo es un político de San Luis Potosí, hijo de un exalcalde de la capital potosina. Fue alcalde por el PRD en Soledad de Graciano Sánchez, un municipio conurbado a la capital. En 2014, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda encontró que se habían desviado 209.9 millones de pesos del Ayuntamiento que él gobernaba a una clínica privada, y de ahí a una empresa de excavaciones subterráneas, a una comercializadora de carnes y a una consultora de ingeniería.

El dinero salió del Ayuntamiento, pasó por la clínica y terminó en las empresas. Allí, dice la investigación, Gallardo, su padre, su hermana y otras personas que señalaron como prestanombres, eran accionistas. Hacienda encontró que las empresas tenían a la clínica como su único cliente. Entre 2013 y 2014 el dinero se depositaba con puntualidad en las cuentas de las empresas, en tandas de uno a tres millones de pesos, con diferencia de apenas unos cinco o siete días. En un año, así se movieron más de 119 millones.

Hacienda denunció a Gallardo por lavado de dinero y delincuencia organizada. Lo detuvieron en enero de 2015 y lo condenaron. En mayo confirmaron la sentencia y en junio otro tribunal recibió una solicitud para que se revisara el caso. Dos meses más tarde -inusitada velocidad en el sistema judicial mexicano- el tribunal ordenó liberarlo.

Leí el expediente de la liberación. De 266 páginas, hay 230 que explican a detalle la creación de las empresas, el esquema, las transferencias, lo insólito de que una compañía que tenía un único cliente -la clínica- recibiera pagos multimillonarios.

El documento judicial es profuso en detalles. Explica cómo los investigadores de Hacienda siguieron la ruta del dinero, cómo descubrieron que el Ayuntamiento y las empresas no habían declarado ninguno de los movimientos de dinero al fisco porque, dice la misma investigación, no tenían cómo justificarlo, ya que “muy probablemente, su origen era ilícito”.

El expediente judicial da un vuelco sorprendente después de la página 230. En los apartados finales, ya sin detalles y con una explicación poco comprensible, el juez que ampara a Gallardo dice que nada fue demostrado, que las pistas de Hacienda no fueron probadas y que podía irse a casa.

En septiembre de 2015, la entonces PGR pidió nueva información de Gallardo al sistema financiero. Alegaron que necesitaban indagar, otra vez, operaciones de lavado. En San Luis Potosí, quienes conocen el caso creen que fue una operación del actual gobernador, Juan Manuel Carreras, para desbancar el futuro político de los Gallardo.

Ahora, el INE pidió también información de El Pollo, como ha hecho con miles de candidatos. Pero la nueva UIF, me aseguró la misma fuente, no ha solicitado ni un solo documento sobre él ni sus familiares.

Un vocero del candidato me dijo para esta columna: “El equipo legal de Gallardo ha trabajado el caso desde hace años. En varios momentos del proceso la razón le ha asistido y ahora por el tema político han intentado revivirlo”.

Mientras tanto, El Pollo se prepara para el primer debate al gobierno este domingo. Envalentonado, afirma que él no ha cometido ningún delito, que es objeto de una campaña de calumnias y que “lo que pasó en 2015” fue un montaje.

@penileyramirez