Una de las principales vialidades de la ciudad, el bulevar V. Carranza, visto en retrospectiva, era difícil que mantuviera el paisaje urbano de antaño ante el crecimiento económico.

Paulatinamente, los predios que colindan con él, que asentaban construcciones residenciales de tipo californiano, entre otras, que se erguían soberbias sobre los costados del antiguo bulevar Constitución y fueron parte de la otrora señorial colonia República, han migrado hacia otros usos de suelo, como el comercial y de oficina, que han demandado nuevas edificaciones o la adecuación de los antiguos y amplios espacios de vivienda.

Lo que no causa sorpresa es la proliferación de cantinas asentadas sobre esa transitada arteria, disfrazadas de cervecerías, bares y restaurantes. Solo por citar un ejemplo, en el tramo de la calle Salvador González Lobo al periférico LEA, en una longitud de menos de 700 metros, se ubican cinco negocios que expenden cerveza los siete días de la semana sin acepción de personas, que se disputan la clientela con diferenciales de precios, tarifas y servicio a los bebedores sociales y consuetudinarios, particularmente a los jóvenes ávidos de incursionar en el escabroso mercado del alcohol.

La capacidad de asombro se diluye por lo rentable de este tipo de lugares. Para la tesorería municipal es más provechoso financieramente, la apertura y permanencia de negocios que expendan alcohol, debido a los permisos, licencias e impuestos que se pagan y recibe en sus arcas, generalmente de los concesionarios, que de otro tipo de establecimientos dedicados al mercadeo de productos y servicios, totalmente ajenos a la diversión incentivada por las bebidas alcohólicas.

No obstante, a largo plazo los costos sociales que genera el alcohol han sido desproporcionadamente superiores a los beneficios cortoplacistas que obtienen empresarios y gobiernos. De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), la ingesta de alcohol en forma desmedida, tiene incidencia en más de 200 enfermedades y lesiones, entre ellas la incapacidad laboral permanente provocada por problemas hepáticos y cardiovasculares.

Por otra parte, desde hace muchos años, el norte de la ciudad se ha caracterizado por la localización de diversos centros educativos, convirtiéndolo en una zona estudiantil, sobre todo el polígono acotado por las calles Baja California, La Salle, Universidad y V. Carranza. A pesar de ello, las autoridades gubernamentales no han tenido inconveniente en autorizar ese tipo de negocios de bebidas, ubicados a unas cuantas cuadras de las escuelas, lo cual contraviene la Ley General de Educación, que en uno de sus artículos señala: “Las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, deberán cerciorarse que a cuando menos 400 metros de los centros educativos no haya establecimientos comerciales que vendan bebidas alcohólicas. En dado caso de que el establecimiento que oferta la bebida etílica no cumpla con los 400 metros, deberán notificarlo a la autoridad correspondiente para que esta proceda a sancionar al comercio conforme a las disposiciones aplicables” (Artículo 11 Bis).

En esa misma lógica de pensamiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a las autoridades hacendarias, entre otras cosas: ”Prohibición o restricción de toda forma directa o indirecta de precios promocionales, ventas con rebaja, precios inferiores al costo y precios únicos que dan derecho a beber ilimitadamente, u otras ofertas de venta en grandes cantidades…”.

Independientemente de la flexibilidad de los municipios en la autorización de licencias alcohólicas y el fácil acceso a las bebidas, la sociedad mexicana ha condescendido con el consumo de alcohol y lo hace parte de las reuniones sociales y familiares. Es una de las explicaciones de por qué este tipo de negocios han sido tan demandados.