Por: Rolando de Luna Dávila

Al analizar los indicadores de pobreza multidimensional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) destaca un crecimiento de la pobreza de 51.9 millones de personas en 2018, a 55.7 millones en 2020, incrementándose en 3.76 millones el número de personas en esta situación. Es de especial interés el alza de las personas con carencia por acceso a los servicios de salud, las cuales aumentaron en 15.63 millones, al pasar de 20.1 millones en 2018, a 35.7 millones en 2020, siendo este el indicador que presentó el aumento más representativo de los vinculados con la medición de la pobreza.

En los anexos estadísticos del Coneval se observa que la población con empleo sin acceso directo a los servicios de salud se redujo en el periodo analizado de 64.5% en 2018, a 63.7% en 2020, lo que representa que aproximadamente 379 mil empleados más cuentan con este servicio respecto a 2018. Se observa también un incremento de las personas que no trabajan sin acceso a servicios de salud, al pasar de 14.5% en 2018, a 27.2% en 2020; el incremento de la población sin acceso a servicios de salud se vincula directamente con la población afiliada al Seguro Popular, la cual pasó de 42.1% en 2018, a 26.9% en 2020 al ahora denominado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), lo que representa que 18 millones de personas dejaron de contar con servicios de salud por esta institución.

Lo anterior representa un gran problema si lo analizamos desde la perspectiva de una contingencia sanitaria y contra los Objetivos del Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas desde el 1 de enero de 2016. En el objetivo 3 de salud y bienestar se establece que el garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible. El Gobierno nacional plasma en la meta 3n1.1 de estos objetivos el porcentaje de la población que presenta carencia por acceso a los servicios de salud, por lo que este retroceso en el acceso a los servicios de salud de la población nos lleva a alcanzar niveles que no se veían desde 2008.

Se reconocen las afectaciones económicas y sociales de la contingencia sanitaria; sin embargo, se hace necesario fortalecer la seguridad social en materia de salud, la generación de estrategias para mitigar este indicador que generó que en medio de una crisis sanitaria se desprotegiera a más de 15 millones de personas, las cuales debido a condiciones como la informalidad y la crisis económica es imposible que fueron absorbidas por el mercado.

Ahora más que nunca se hace necesario fortalecer los servicios de salud universales para los mexicanos e identificar el impacto financiero que estos elementos generan en la población vulnerable, lo que puede ser el detonante de una crisis social aún más severa al sumar la falta de servicios de salud a las altas tasas de desempleo e informalidad.