Por: Mateo Diego-Fernández

No es un secreto que la revisión del T-MEC, prevista para 2026, va a ser muy difícil. Donald Trump amenaza con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas a menos de que reduzcamos drásticamente la migración y el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Canadá se ha desmarcado de México y, si gana la oposición conservadora en las próximas elecciones, enfrentaremos una situación muy complicada ante ambos socios norteamericanos. En los hechos, el camino al 2026 ya comenzó y EU irá acumulando exigencias y reclamos que seguramente dificultarán aún más la discusión.

Temas como las inversiones chinas en México, las reglas de origen del sector automotriz, los acuerdos de suspensión en azúcar, el panel sobre maíz genéticamente modificado, la reforma judicial y muchos otros irritantes serán centrales en la discusión, y México deberá definir cuanto antes su estrategia de negociación.

Por eso, resulta difícil de entender la reforma constitucional que desaparece de un plumazo los reguladores de competencia, telecomunicaciones, transparencia, medición de la pobreza, mejora educativa y energía, instituciones fundamentales para nuestra vida democrática.

En el caso de la autoridad de competencia, el Congreso tuvo el cuidado de mantener cierta autonomía, al disponer que ésta “contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos”. Además, se le dan facultades en telecomunicaciones. En la actualidad, Cofece puede imponer multas millonarias y ordenar la separación de empresas, hacer visitas sorpresa sin que medie orden judicial, regular insumos esenciales, imponer medidas cautelares e iniciar acciones colectivas. Esto funciona razonablemente bien porque el staff técnico de la institución tiene gran solidez analítica y quien toma las decisiones es un cuerpo colegiado conformado por funcionarios sin agenda política y de demostrado conocimiento técnico.

Sin embargo, a pesar de las señales positivas plasmadas en la reforma constitucional, el reducir el presupuesto de Cofece en un 70% es una estocada mortal para la institución. El mayor activo de la Comisión es su gente y, con estas reducciones, se le obligará a prescindir de muchos de ellos, o a reducir sueldos. Es previsible que mucha de la capacidad técnica y la experiencia acumulada por más de 10 años abandone la institución y que ésta quede virtualmente paralizada.

El T-MEC obliga a mantener a nuestras autoridades de competencia y a administrar las políticas de manera uniforme, imparcial y razonable. Nuestros socios comerciales podrán no estar muy preocupados si Cofece deja de ser constitucionalmente autónoma, siempre y cuando se garantice que pueda operar eficazmente y sin agenda política, pero al nulificar la capacidad de acción de la Comisión, México le está regalando una ficha para subir el tono de los reclamos, dificultando aún más nuestra posición en la revisión del Tratado. Además, esta reforma podrá terminar ante un panel de solución de controversias. Hay de violaciones a violaciones y el debilitar nuestra política de competencia va directamente contra de los principios fundamentales plasmados en el T-MEC.

El objetivo manifiesto de la reforma es ahorrar recursos y reducir la burocracia. El costo de tener una autoridad antimonopolios desarticulada y la violación a los tratados internacionales que esto puede implicar sobrepasa con creces esos supuestos ahorros y puede causar un daño enorme a la economía mexicana.

*El autor es experto en T-MEC y competencia y socio en Agon EconomíaDerechoEstrategia