Puebla.- Ninguna sentencia por el delito contra la intimidad sexual se ha dictado en Puebla en los últimos cinco años, a pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió mil 706 denuncias, con casos que involucran a menores de edad. Para Jazmín Jiménez Bedolla, coordinadora de Educación Virtual de la Universidad Iberoamericana Puebla, la impunidad deja en evidencia las deficiencias estructurales en el sistema de justicia y mantiene a las víctimas en condición de vulnerabilidad.

“No hay personas sancionadas y eso tiene que ver con el sistema en sí mismo; todavía existen muchos retos que atender. Lo más grave es que esto no se queda en la nube [del espacio digital]; tiene efectos en la salud, en las relaciones, en la autopercepción y en la seguridad de las personas [víctimas]”, apuntó la investigadora.

Los datos que revelaron impunidad en delitos digitales en la entidad poblana, que se castiga con la Ley Olimpia, fueron expuestos por la FGE, órgano autónomo, mediante la solicitud de información 210421525000425, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

De esta manera, de 2020 a junio de 2025 se registró una tendencia creciente en el número de carpetas de investigación por violación a la intimidad sexual, siendo el 2023 en el que más averiguaciones se emprendieron. Además, el 13.5 por ciento de los casos en dichos años, 231, fueron contra menores de edad.

Averiguaciones por violación a la intimidad sexual

En 2020, primer año con datos disponibles e inicio del confinamiento por la pandemia de coronavirus, la FGE contabilizó 207 casos por violación a la intimidad sexual en la entidad poblana. De ellas, 37 fueron víctimas menores de edad.

Un año después, en 2021, el número creció a 260 casos, de los cuales 36 fueron menores de edad. Para 2022, el organismo reportó 295 carpetas de averiguación, con 46 casos ocurridos en menores de edad.

Mientras que para 2023, la cifra repuntó a 386 menores, siendo la más alta en este periodo, con 48 delitos ocurridos contra menores de edad. Un año después, en 2024, disminuyó ligeramente a 380, con 44 víctimas infantes y jóvenes.

En 2025, de enero a junio, los registros alcanzaron 170 delitos por violencia a la intimidad sexual; hasta esa fecha, se registraron 20 víctimas menores.

En los últimos cinco años, con corte a la fecha de la respuesta oficial, la Fiscalía de Puebla reportó nula vinculación de personas a proceso penal o sentenciadas por el delito que se castiga con hasta seis años de prisión, de acuerdo con las modificaciones realizadas al Código Penal en 2018, con la entrada en vigor de la Ley Olimpia, impulsada por Olimpia Coral Melo, originaria de Huauchinango, Puebla, quien en 2012 fue víctima de un delito que en ese momento no tenía nombre.

Evidencia digital y falta de protocolos, entre los desafíos

Jiménez Bedolla subrayó que el aumento de denuncias por violencia digital en los últimos años responde, en gran medida, a una mayor conciencia social y visibilización del problema, pero sostuvo que este crecimiento no significa que todas las agresiones se denuncien ni que los casos avancen hasta una sentencia, pues reconoció que persiste un subregistro motivado por el miedo y la desconfianza institucional.

Sumó que este escenario deja al descubierto las limitantes estructurales del sistema de justicia, pues a pesar de que el número de querellas crece, son nulas las sanciones. La especialista argumentó que existen vacíos técnicos y operativos que frenan la judicialización de expedientes.

A decir de la coordinadora de Educación Virtual de la Ibero Puebla, uno de los principales obstáculos se encuentra en la complejidad de las pruebas digitales, ya que, al tratarse de evidencia volátil y técnica, su correcta obtención, preservación y presentación exige conocimientos especializados que no siempre están disponibles en las instancias investigadoras.

Más de mil 700 denuncias y ninguna sentencia por violencia digital en Puebla

A la par, sumó la falta de estándares y protocolos claros para la admisión de evidencia digital en tribunales, pues la inexistencia de lineamientos homologados provoca criterios dispares entre autoridades y entorpece la validez de pruebas que, en muchos casos, constituyen el principal sustento de las denuncias por difusión de contenido íntimo.

Otro desafío identificado es la insuficiente capacitación del personal institucional, pues consideró que las dependencias carecen de especialistas en informática forense y en procedimientos de conservación de evidencia, lo que limita la capacidad de respuesta frente a delitos que se cometen y se documentan en entornos virtuales y plataformas digitales extranjeras.

La violencia trasciende la pantalla

De esta manera, la académica de la Ibero Puebla hizo hincapié en que esta violencia de género en el ámbito tecnológico tiene una permanencia prolongada, que genera consecuencias que rebasan el espacio virtual y se instalan en la vida cotidiana.

Apuntó que las afectaciones derivadas de este delito se reflejan en la salud emocional y psicológica de las víctimas, traducidas en ansiedad, depresión, pérdida de autoestima y miedo constante.

Jazmín Jiménez agregó que las autoridades carecen de especialistas en salud mental, por lo que, generalmente, las víctimas no reciben atención psicológica al momento de la denuncia ni de seguimiento, provocando que el daño emocional quede relegado, esto a pesar de que las secuelas suelen ser prolongadas.

Fortalecimiento institucional y legislación

Ante este panorama, la especialista consideró que, si bien la Ley Olimpia, que reconoce la violencia digital, representó un avance importante al tipificar este delito y establecer sanciones, todavía existe un amplio margen de mejora en su aplicación.

Consideró que es urgente fortalecer la capacitación institucional, apostando por formación continua de ministerios públicos, jueces, policías cibernéticos y personal pericial, toda vez que, dijo, resulta clave para comprender la dimensión técnica y psicológica de estos delitos, así como para evitar la revictimización durante los procesos legales.

También comentó que es necesario estandarizar protocolos de manejo de evidencia digital y agilizar los mecanismos de cooperación internacional con plataformas tecnológicas, pues si no hay reglas claras y tiempos razonables de respuesta, las investigaciones se debilitan, por lo que las víctimas pierden confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.

El Sol de Puebla