El coronavirus no solo puso en jaque a sistemas sanitarios, economías y gobiernos rebasados por problemas financieros y de inseguridad. También trastocó el calendario electoral y exhibió la falta de liderazgo político y de solidaridad ciudadana frente a la emergencia y sus efectos.

En Coahuila, la Covid-19 obligó a posponer la elección de diputados para el 18 de octubre próximo. El futurismo asomó en medio de la pandemia, pero fue contenido desde el Palacio de Gobierno con guante blanco.

A escala nacional, los 11 gobernadores de la denominada Alianza Federalista (AF) demandan al presidente Andrés Manuel López Obrador convocar una Convención Nacional Hacendaria para renovar la Ley de Coordinación Fiscal y rediseñar el presupuesto federal a partir de 2021. Nueve de ellos también pidieron la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, debido al manejo errático de la pandemia. Proponen reemplazarlo con “un experto en la materia, con conocimiento y humildad”. ¿Los tienen ellos? AMLO ha abierto la posibilidad de revisar el pacto fiscal, según sus plazos y sus términos. Empero, en el caso de López-Gatell es inflexible: no se irá.

La AF está compuesta por cinco gobernadores del PAN (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato y Tamaulipas), tres del PRI (Coahuila, Colima y San Luis Potosí), uno independiente (Nuevo León), uno del PRD (Michoacán) y uno de Movimiento Ciudadano (Jalisco).

Cinco de ellos terminarán su gestión el año entrante y en la mayoría de sus entidades Morena encabeza la intención de voto, de acuerdo con las encuestas. Si la proyección se cumple cambiará el balance político, pues el partido del Presidente tendría más gobernadores. Ninguno de los actuales participa en el bloque opositor.

El Presidente también ha echado en saco roto la petición de la AF para reunirse con quienes representan a “40 millones de mexicanos” –menos de un tercio de la población nacional–. En cambio, el 19 de agosto se reunió con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) donde su partido tiene siete asientos.

En los comicios de 2018, AMLO ganó en 10 de los 11 estados del frente, excepto en Guanajuato. La mayoría en las cámaras de diputados y de senadores, donde el PAN es la segunda fuerza, le permite tener a raya a los gobernadores. A fin de cuentas, no les debe nada y sí, al contrario, los tiene por contrarios a su proyecto y, no a pocos, por corruptos.

El país podría cambiar de derrotero en las elecciones intermedias del año entrante. Sin embargo, el PRI, PAN y PRD –aliados de Peña Nieto– siguen sin dar señales de vida después de su fracaso en 2018. Pues además de la carrera presidencial perdieron estados clave con Morena (Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Baja California) y el control del Congreso federal.

Conforme el Gobierno de la 4T estira la madeja de la corrupción, deja peor parados a los líderes y expresidentes del PAN y el PRI (Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto) por tolerarla y beneficiarse de ella. Morena tampoco se escapa.

La pandemia de Covid-19 también ha puesto en aprietos a AMLO. Los gobernadores de la AF lo saben y tratan de capitalizar el momento, pero mientras el Presidente mantenga altos niveles de popularidad, poco podrán avanzar su agenda.

Solo si el desplome económico, el desempleo y el aumento de la pobreza, aunados a la crisis de inseguridad, pasan factura en 2021, Morena y AMLO podrían modificar su actitud con los estados y abrirse a los sectores que buscan equilibrios políticos. Empero, la falta de liderazgos para catalizar la crisis, agravada por la pandemia, favorece al Presidente y confirma que, efectivamente, el coronavirus le cayó a la 4T “como anillo al dedo”.