Si en circunstancias normales los ciudadanos dan la espalda a las urnas en elecciones intermedias, con mayor razón se abstendrán por la pandemia de coronavirus y el riesgo de rebrotes admitido por las autoridades internacionales de salud. Con ese argumento, cuatro organizaciones y un grupo de ciudadanos han pedido al gobernador Miguel Riquelme, al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), José Luis Vázquez, y a la presidenta del Instituto Electoral del Coahuila (IEC), Gabriela de León, cancelar los comicios para diputados del 18 de octubre.

El tema lo plantearon el PAN y Morena cuando el INE fijó esa fecha después de haber suspendido indefinidamente los comicios del 7 de junio (en Coahuila para diputados y en Hidalgo para alcaldes) a causa de la emergencia sanitaria. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el acuerdo de abrir las casillas el tercer domingo de este mes, pero la propuesta de juntar las elecciones locales con las federales del año próximo ha sido retomada.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, replicó a quienes apoyan esa iniciativa que “la protección del derecho a la salud no debe implicar la suspensión de los derechos políticos de la ciudadanía”. El argumento lo refutan los firmantes del pronunciamiento ciudadano, difundido el 28 de septiembre, en estos términos: “El derecho a la salud, (y) por tanto a la preservación de la vida, está por encima de cualquier otro derecho pues es condición necesaria para el ejercicio de todos los demás, y puesto que, a diferencia de los políticos, es absolutamente impostergable”.

El documento lo suscriben Blanca Martínez, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios —ganador del premio Sergio Vieira de Mello, el cual concede la asociación Villa Deciusa con sede en Polonia); Rosa Esther Beltrán, de la Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo; Salvador Ponce Ortiz, del Foro de Abogados de Saltillo; el Comité de Defensa del Agua de Parras, y 25 personas, entre ellas Eleazar Cabello Palacios, quien firma como responsable de la declaración.

El gobernador Riquelme no es formalmente autoridad electoral, pero recurren a él como responsable de las políticas sanitarias en el estado y en ese carácter, de la estrategia para afrontar la pandemia. En los casos de Vázquez y De León, la decisión de aplazar el proceso los excede, pues depende del INE. Incluso el IEC y sus equivalentes en los estados podrían desaparecer pronto por redundantes, onerosos y en su mayoría inútiles. Esa es, al menos, la intención del presidente López Obrador y de sus bancadas en el Congreso.

La pandemia no ha dejado de ser un problema grave en el estado, señala el colectivo e incluso duda de las estadísticas oficiales “porque hay subregistro de contagios pues nunca se ha operado la estrategia de aplicación masiva de pruebas (…)”, así como por la alta probabilidad de que el número de muertes por Covid-19 sea 130% superior a la reportada, de acuerdo con el último boletín estadístico sobre el exceso de mortalidad del Gobierno federal.

Celebrar elecciones en medio de la pandemia “favorecerá al partido oficial y a sus candidatos” -dice el documento- e introducirá “un factor adicional de inequidad”. Pero lo más grave -advierte- “es que puede aumentar significativamente el riesgo de contagios y muertes” con base en las proyecciones del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington. En esas condiciones, la votación podría caer “por debajo del 20%”, cuya consecuencia sería un Congreso “con escasa representatividad social”.