Olvídense de quién podrá ser gobernador o alcalde de su estado o municipio, no importa. Lo que de verdad trascenderá y será relevante son los poderes legislativos, con acento en el federal, por su peso específico en la política nacional.

En las candidaturas a las cámaras de diputados es en donde hay que poner atención y tener cuidado de no reforzar el ancestral vicio político del presidencialismo a ultranza que se ha desarrollado en México como un tumor que mide y pesa más que el cuerpo al que ha invadido.

Hace ya más de cuatro siglos, quien concibió la idea de la “soberanía”, Juan Bodino, detectó que su función primordial es la de generar la ley necesaria para estructurar el cuerpo social y fundar toda la actividad del gobierno. Lo hizo cuando el modelo imperante era el monárquico.

Si así podía verse en ese tiempo, con mucha mayor razón en los días presentes, que no pueden ser ajenos a la democracia como fuente del poder público, hecho admitido aún entre aquellas corrientes que descansan en tradiciones de fuerte raigambre religiosa, siempre que no se trate de algunas teocracias fundamentalistas, que todavía las hay.

Es por eso por lo que hay que poner el énfasis en la elección de los congresos, el federal y los locales, y no es porque los otros puestos sean irrelevantes, sino porque hay que retomar el orden en el proceso de rescate institucional de este país, que necesariamente pasa por la limitación efectiva, formal y materialmente, del poder delegado en los servidores públicos, muy especialmente de quienes encarnan la potestad ejecutiva.

La tradición política mexicana se ha caracterizado, desde los orígenes mismos de nuestro surgimiento como país, por ser proclive a la concentración monárquica del poder. Por eso la figura presidencial, que tiene su origen en la monarquía inglesa, ha tenido un papel protagónico más allá de las normas y aún contra lo que ellas disponen. Recuérdese cómo un constitucionalista destacado, como lo fue Jorge Carpizo, llegó inclusive a afirmar la existencia de “facultades metaconstitucionales”, lo que no deja de ser un exceso porque, a poco que se detenga uno en la cuestión, saltará a la vista qué tal cosa no puede ser más que una aberración jurídica.

Todo eso hace que sea ya impostergable asumir la soberanía depositada en los poderes legislativos como debe ser: un poder racional, razonable y jurídicamente sustentado, cuyo propósito no es satisfacer intereses o caprichos personales, por nobles que pudieran parecer o intentar que se vean, sino garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de cada persona inserta en la comunidad estatal, en el marco de las libertades propias de cada uno. Eso es, dicho sea de paso, lo que legitima al poder y lo hace democrático en su ejercicio.

Será una tarea ardua que requerirá disciplina y temple, sobre todo después de conocer a los candidatos que se han ido perfilado. O son los mismos, cuando mucho “reciclados”, o no se distinguen por su independencia de criterio y, en muchos casos, tampoco por su calidad humana.

Así y todo, será un órgano clave que se conformará según el voto de los ciudadanos, quienes harán bien en dejar de lado las reacciones viscerales y, desde la razón y el civismo, con elevación de miras, salir a votar en conciencia con sentido práctico. De ello dependerá que funcione eficazmente la gran responsabilidad encomendada a los parlamentos de ser factor clave, junto a la revisión judicial, del sistema de “frenos y contrapesos” que se necesita para que todo gobierno pueda aspirar a ser permanentemente virtuoso y legítimo.

En este año del bicentenario de la independencia, bueno sería que también dejáramos atrás toda indolencia y la laxitud que impida emprender el tan postergado empeño de hacer que el “estado de derecho” y el gobierno de la ley, no de los hombres, sea una realidad efectiva y deje de ser una dolorosa quimera en nuestro país.