Saltillo, Coah.-  Daniel Humberto Sarmiento Contreras, de 66 años, originario de la República de El Salvador y con residencia permanente en México, enfrenta señalamientos por presuntas operaciones fraudulentas relacionadas con el sector inmobiliario en la región sureste de Coahuila.

Sarmiento Contreras es representante legal de la empresa Extruct, S.A. de C.V., en el papel dedicada a la construcción de inmuebles comerciales.

Tiene registrados dos domicilios fiscales en Ramos Arizpe. El primero, en la Carretera Saltillo-Monclova, colonia Parajes de los Pinos, corresponde en realidad a un negocio de renta de grúas con razón social distinta. El segundo, en la Carretera Saltillo-Piedras Negras kilómetro 14, también presenta irregularidades, pues no se acredita ahí actividad relacionada con el giro inmobiliario.

Esquema fraudulento

De acuerdo con información recabada, el empresario sería investigado por un esquema de subarrendamiento irregular de bodegas, locales comerciales e industriales en Saltillo y Ramos Arizpe. El modus operandi consistiría en arrendar propiedades que no eran de su propiedad y posteriormente incumplir con el pago a los dueños legítimos, acumulando adeudos y generando conflictos legales.

Residencia en México

Nacido el 14 de febrero de 1959 en El Salvador, Sarmiento Contreras obtuvo la residencia permanente en México el 23 de mayo de 2019, mediante documento expedido por la Secretaría de Gobernación, a través de la Delegación Coahuila del Instituto Nacional de Migración, bajo el folio 1869332.

Antecedentes en El Salvador

Los problemas legales del empresario no se limitan a México. En su país de origen, Extruct ya había sido señalada desde al menos 2010 en procesos judiciales. La Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador conoció un caso en el que la empresa fue demandada por incumplimientos laborales. En aquella ocasión, quedó constancia de los conflictos legales derivados de su operación.

Investigación en curso

En Coahuila, autoridades revisan el alcance de las operaciones atribuidas al empresario, así como las inconsistencias fiscales de su empresa. La indagatoria pretende establecer si se trata de un caso aislado o de un esquema sistemático de fraude inmobiliario con repercusiones económicas para propietarios de inmuebles y terceros de Saltillo y la región Sureste del estado.