Fue precisamente el 25 de noviembre pasado, cuando en plena celebración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al Inegi se le ocurrió dar a conocer las cifras de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país.

En dicho informe, el mismo Instituto reconoció que Coahuila se ubica en el primer lugar en materia de construcción de Centros de Justicia para las Mujeres, además de tener una compleja legislación respecto al tema. Y es que, sin duda, nuestro estado ha sido constante en la activación de leyes dispuestas a erradicar la violencia contra la mujer. Aunque también cierto es que por alguna causa extraña y a pesar de esta vasta legislación, en Coahuila son pocos los individuos que se recluyen en nuestros penales por conductas lesivas hacia las mujeres.

Por desgracia, la anterior situación no es por virtud de que nuestras leyes sean duras y eficaces, lo que provoca que en los penales locales pocos reos purguen penas por violencia de género, sino más bien, lo es por la poca eficiencia de los órganos encargados de prevenir, perseguir y juzgar a los infractores o agresores.

Para quien dude de mi anterior aseveración, debo mencionarle que, según los informes emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos dos años, Coahuila mantiene diariamente una tasa alta de mujeres víctimas de violencia de todos tipos. Esto, a pesar de la rígida ley local.

Y es que, aunque parezca extraño, solo durante el año 2018, la Fiscalía General del Estado reportó que más de 2 mil 500 mujeres denunciaron haber sido víctimas de lesiones dolosas, de secuestro, de corrupción y de trata. Pero, que solo abrió 13 carpetas de investigación por causa de violencia de género. Además, la misma Fiscalía informó que en ese 2018 se recibieron 45 mil 894 llamadas al 911 por este motivo de violencia hacia una mujer, y que solo actuó en unas cuantas.

También, en el 2019 el Secretariado informó que el 911 reportó haber recibido 50 mil 771 llamadas denunciando algún tipo de violencia contra la mujer. Es decir, que según los reportes del 911 se incrementó en 4 mil 922 llamadas en relación al 2018, lo que indica que en todo el año, cada día fueron recibidas en promedio 139 llamadas por violencia exclusiva contra la mujer, y que solo hubo siete procesados.

Y por si lo anterior fuera poco, en el presente año, según diversas plataformas de las autoridades, por consecuencia de la pandemia en Coahuila los casos de violencia familiar contra las mujeres han crecido en por lo menos un 15% en comparación con el 2019. Pero, que los juzgados y ministerios públicos siguen sin tener gran trabajo.

Así pues, con las anteriores evidencias, debemos concluir que la generación y endurecimiento de leyes contra la violencia de género no funcionarán jamás, al menos no mientras se siga manteniendo a personal tan deficiente en la aplicación de ley. Es decir, que los verdaderos culpables del crecimiento de casos de violencia contra las mujeres en nuestro estado, los son precisamente los encargados de aplicar nuestras flamantes leyes. O lo que es lo mismo, que no hay peores agresores contra la mujer que los ministerios públicos y los jueces penales y familiares, que con su mala actuación provocan que el fenómeno de la violencia contra la mujer se siga reproduciendo.