El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía advirtió que se sostenían las cifras dadas desde diciembre pasado, respecto a la situación de violencia que enfrentan las mujeres en México. Como atenuante, en dicho reporte, de alguna forma el Inegi reconoció que Coahuila se encuentra en el primer lugar en la creación de centros de justicia para las mujeres.

Y es que, hay que reconocer que nuestro estado ha sido esforzado en el tema de implementación de políticas contra la violencia femenina. Incluso, forma parte de diversas campañas a nivel mundial que buscan la erradicación de este flagelo social. En diciembre pasado, nuestro estado y sus municipios, se unieron a las actividades impulsadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para consolidar en el estado la cero tolerancia a la violencia en contra de las mujeres, según se desprendía del comunicado emitido para tal fin.

Además, nuestro Poder Legislativo, ha sido pionero en aprobar leyes para armonizar nuestra legislación con el marco jurídico internacional en materia de violencia contra las mujeres.

Asimismo, la Administración estatal ha implementado acciones afirmativas constantes a favor de las mujeres, como la Financiera Mujeres Fuertes y la operación de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde se supone se les brinda apoyo integral.

El problema viene cuando a pesar de todo lo anterior, en nuestro estado no se dan los números decorosos en cuanto a casos de violencia contra las mujeres, es más, ni siquiera podemos decir que nuestro estado se distingue por ser castigador de los violentadores. Para quien dude de mi anterior aseveración, debo mencionarle que a la fecha en los reclusorios del estado existe un número ínfimo de personas recluidas por consecuencia de conductas violentas contra las mujeres. Lo anterior, a pesar de que existe una cifra permanente de seis mujeres víctimas de lesiones dolosas cada día, lo que en nada concuerda con el numero de sentenciados que albergan los penales del estado por esa causa, según lo aseveró en días pasados el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su último informe.

En dicho informe, el secretariado también detalló que durante todo el 2018, la Fiscalía General del Estado reportó que dos mil 438 mujeres denunciaron haber sido víctimas de lesiones dolosas, pero que por alguna extraña causa ni siquiera se abrieron las carpetas de investigación. Así pues con las anteriores evidencias, debemos concluir que de nada sirve que la administración estatal se esfuerce en crear políticas públicas de protección a la mujer, al menos no, mientras se siga manteniendo a personal tan deficiente en la aplicación de la ley.

Es decir, que los verdaderos culpables de la violencia contra las mujeres en nuestro estado, los son precisamente los encargados de hacer valer las leyes, lo que los convierte por consecuencia, en los peores agresores contra la mujer, y que son los ministerios públicos y los jueces penales y familiares, que con su mala actuación, provocan que el fenómeno de la violencia contra la mujer impunemente se siga reproduciendo.