León.- En Guanajuato, de septiembre de 2022 a septiembre de 2023, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas ha iniciado mil 176 investigaciones a funcionarios públicos del estado, detectadas por los órganos internos de control y denunciadas por terceros, que pudieran constituir responsabilidades administrativas de su parte.

Esto representa un promedio de 98 funcionarios siendo investigados por mes y con el arranque del proceso electoral, se prevé que para 2024 el número de investigaciones a servidores públicos se verá incrementado.

Al respecto, su titular Arturo Godínez Serrano, refirió que la Secretaría de Transparencia y los órganos internos de control o contralorías son encargadas de la integración de las investigaciones que son turnadas a la autoridad competente, que en este caso es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato TJA, mismo que emite las sanciones correspondientes para los funcionarios públicos.

Ejemplo de ello es que en el lapso referido, la sala especializada del TJA dictó 54 resoluciones de las cuales siete estuvieron relacionadas con faltas graves cometidas por particulares y el resto por servidores públicos.

“ El hecho de qué se presente una denuncia obliga y precisa a las contralorías, para el efecto de llegarse a los elementos convictivos que acrediten el encuadramiento de una conducta de un funcionario público, a un tipo administrativo, para ello si resultara en una falta grave tendrá que presentarse debidamente el expediente en el Tribunal de Justicia Administrativa para que pueda emitir su resolutivo” señaló Godínez Serrano.

Las cifras también señalan que en el lapso de tiempo referido, de este total se concluyeron 992 investigaciones respecto de conductas que pueden constituir responsabilidades administrativas y fueron canalizadas a otras instancias como la Fiscalía Anticorrupción o la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato ASEG 474 investigaciones y siguen en proceso 338 de ellas.

Del total mencionado, se han radicado 104 procedimientos de responsabilidad administrativa, es decir que se admitió el inicio del procedimiento para conocer e investigar actos, omisiones o conductas de los servidores públicos. Finalmente en el mismo lapso, se ha dado seguimiento a seis medios de impugnación en contra de resoluciones de procedimientos de responsabilidad.

Finalmente, ante el inicio del proceso electoral 2024 y para inhibir que funcionarios públicos puedan caer en actos que constituyan faltas administrativas por interferir en las contiendas o llegar a utilizar recursos públicos con dichos fines, se brindarán las capacitaciones correspondientes.

“ Debemos de dar fiel y cabal cumplimiento a las disposiciones electorales, donde se establece el límite del ejercicio del servidor público a efecto de hacer efectivos sus derechos políticos electorales-¿como se va a inhibir que caigan en faltas durante el proceso electoral?-Va a haber una serie de capacitaciones”, concluyó Arturo Godínez.

Con información de Milenio