Saltillo.- “La reforma al esquema de subcontratación está generando una infinidad de controversias e interpretaciones que se han generado ante el incremento de controles que desea establecer el Gobierno y la posibilidad de ser sancionados por el incumplimiento de ellos, todo en aras de eliminar la subcontratación ilegal”, explicó Agustín López, socio y director del Despacho López y Asociados.

Indicó que uno de los criterios principales para definir si se está proporcionando personal, es que los trabajadores que llevan a cabo la labor se encuentren dentro del centro de trabajo del contratante del servicio, concepto que no aparece, ni siquiera en las preguntas frecuentes que contempla la interpretación oficial.

En la medida en que quienes realicen la labor lo hagan dentro del centro de trabajo del contratante, el prestador del servicio deberá registrarse en el REPSE como prestador de servicios especializados y cumplir las obligaciones correspondientes.

Por otro lado, explicó, cuando se contrata un servicio de naturaleza civil o mercantil, en donde no existe “puesta a disposición de trabajadores”, sino que se entrega un producto o un servicio específico y definido, no se está en presencia de una puesta a disposición de personal, lo que implica que no sería necesaria la inscripción en el REPSE.

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No se debe perder de vista que el registro en el REPSE no es la única obligación en el proceso, sino que de ahí se deriva una serie de obligaciones fiscales y de seguridad social que son costosas en términos administrativos y que, en un momento dado, su deducción puede ser fácilmente cuestionada por la autoridad fiscal”, recalcó el experto.

Consideró que “existe ausencia de un marco jurídico que brinde certeza tanto a las autoridades como a los patrones y contribuyentes”.