Ciudad de México.- A más de una semana del homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, el caso sigue causando conmoción e indignación en la población, ante la álgida situación de violencia que atraviesa el país.

Ante ello, en los últimos días, distintas movilizaciones se han registrado a lo largo de la República para exigir a las autoridades mayores condiciones de seguridad y justicia en el país.

El asesinato de Manzo reflejó la inseguridad y el panorama adverso que enfrentan las y los presidentes municipales en los estados, con el crimen organizado cada vez más insertándose en las dinámicas sociales y políticas, controlando territorios y cooptando a autoridades locales.

El incremento de la presencia de los cárteles en entidades de la República y las pugnas que hay entre células criminales han dejado una cifra roja de asesinatos y desapariciones.

Precisamente, dentro de esta espiral de violencia, están alcaldesas y alcaldes que han sido víctimas de asesinatos.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum –en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación–, se han registrado 33 asesinatos de ediles que estaban en funciones, encontró una investigación de Político MX con datos de la organización Data Cívica.

En el periodo de López Obrador, se registraron al menos 23 casos, mientras que en la gestión de Sheinbaum van 10 asesinatos reportados.

Las alcaldesas y alcaldes ultimados en el gobierno obradorista fueron:

• Alejandro Aparicio Santiago, edil de Tlaxiaco, Oaxaca.
• Lauro Dávila Mena, presidente municipal suplente de Atoyac, Veracruz.
• Marisela Vallejo Olvera, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz.
• Carmela Parral Santos, presidenta municipal de San José Estancia Grande, Oaxaca.
• Arturo García Velázquez, edil de Jalapa de Díaz, Oaxaca.
• Carlos Ignacio Beltrán Bencomo, alcalde de Temósachic, Chihuahua.
• Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, Veracruz.
• Leobardo Ramos Lázaro, presidente municipal de Chahuites, Oaxaca.
• Manuel Aguilar García, alcalde de Zapotlán de Juárez, Hidalgo.
• Benjamin López Palacios, edil de Xoxocotla, Morelos.
• Enrique Velázquez Orozco, alcalde de Contepec, Michoacán.
• César Arturo Valencia Caballero, presidente municipal de Aguililla, Michoacán.
• Rubén de Jesús Valdez Díaz, alcalde de Teopisca, Chiapas.
• Conrado Mendoza Almeda, edil de San Miguel Totolapan, Guerrero.
• Isauro Ambrosio Tocohua, presidente municipal de Rafael Delgado, Veracruz.
• Refugio López Valenzuela, alcalde suplente de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
• Joaquín Martínez López, edil de Chahuites, Oaxaca.
• Guillermo Torres Rojas, presidente municipal de Churumuco, Michoacán.
• Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán.
• Olga Gabriela Kobel, presidenta municipal de Juárez, Coahuila.
• David Eduardo Otlica, alcalde de Nahuatzen, Michoacán.
• Francisco Tenorio Contreras, edil de Valle de Chalco, Estado de México.
• Acasio Flores Guerrero, alcalde de Malinaltepec, Guerrero.

Mientras que en lo que va de la administración de Sheinbaum Pardo, se han reportado los siguientes casos:

• Jesús Eduardo Franco Lárraga, alcalde de Tancanhuitz, San Luis Potosí.
• Mario Hernández García, edil de Santiago Amoltepec, Oaxaca.
• Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán.
• Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca.
• Martha Laura Mendoza, presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán.
• Miguel Bahena Solórzano, edil de Pisaflores, Hidalgo.
• Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, Guerrero.
• Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero.
• Román Ruíz Bohórquez, edil de Candelaria Loxicha, Oaxaca.
• Carlos Manzo Rodríguez, edil de Uruapan, Michoacán.

Los estados que concentran la mayor cifra de asesinatos

De todos los asesinatos registrados, Michoacán y Oaxaca concentran casi la mitad de los casos (16 de los 33), con cada entidad federativa alcanzando 8 asesinatos.

Ambos estados son gobernados por Morena, de la mano de personajes como Alfredo Ramírez Bedolla (gobernador de Michoacán) y Salomón Jara (gobernador de Oaxaca).

Bedolla ha estado en el ojo del huracán por el caso de Manzo, recibiendo reclamos de la ciudadanía y señalamientos de supuestamente haber sido cómplice del homicidio del alcalde independiente, quien pidió mayor seguridad en Uruapan después de la captura de René Belmonte, conocido como ‘El Rino’, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) capturado el pasado mes de agosto.

La organización de Defensorxs acusó al mandatario estatal de tener supuestos vínculos con Cárteles Unidos, apuntando a que habrían familiares del morenista sentenciados en Estados Unidos por traficar metanfetaminas y operar presuntamente para dicha asociación criminal.

Las denuncias de la oposición sobre el abandono de municipios

A raíz del asesinato de Manzo, la oposición denunció al oficialismo de abandonar a los estados en materia de seguridad a partir de la extinción del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) que se dio en el gobierno de AMLO.

Uno de los personajes más vocales en ese sentido fue Emilio Álvarez Icaza, exsenador y actual integrante de la organización Somos México, que busca consolidarse como partido político.

En una mesa de debate durante el programa radiofónico de Azucena Uresti para Grupo Fórmula, acusó: “Decidieron eliminar… no hubo solo un fondo, cuatro fondos, que ayudara a la profesionalización de las policías municipales y estatales. Hoy, todo ese conjunto, está desbordando no solo en Uruapan (…) estamos teniendo un problema de violencia no controlada”.

La #4T hizo todo para desmantelar cualquier intento de fortalecimiento de la #seguridad pública local y de las policías municipales; eliminaron fondos, fideicomisos y programas clave, como el FORTASEG. Ahora, buscan culpables, evitando a toda costa asumir las consecuencias de sus… pic.twitter.com/hpln3QHrpM

— Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) November 3, 2025

En los últimos dictámenes del Presupuesto de Egresos de la Federación, se destinaron recursos para atender la seguridad pública en estados y municipios a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

En el ejercicio fiscal 2019, se destinaron 7 mil 210 millones de pesos al FASP, mientras que se canalizaron 4 mil 213 millones 177 mil 591 pesos al FORTAMUN.

Para el ejercicio correspondiente al 2020, se asignaron al FASP 7 mil 443 millones 986 mil 130 pesos; el FORTAMUN recibió 4 mil 348 millones 526 mil 348 pesos.

En el PEF 2021, las cifras no cambiaron mucho: se hicieron aportaciones de 7 mil 695 millones 616 mil 328 pesos para el FASP y de 4 mil 294 millones 106 mil 940 pesos para el FORTAMUN.

Respecto al Presupuesto del 2022, se dirigieron 7 mil 988 millones 049 mil 749 pesos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y otros 4 mil 777 millones 392 mil 336 pesos para Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Sin embargo, en los últimos 3 ejercicios fiscales (2023, 2024 y 2025), se registró un incremento en las asignaciones del FASP y del FORTAMUN:

• PEF 2023- 8 mil 786 millones 854 mil 724 pesos para el FASP; 5 mil 692 millones 492 mil 286 pesos para el FORTAMUN.

• PEF 2024- 9 mil 210 millones 881 mil 077 pesos para el FASP; 5 mil 848 millones 352 mil 383 pesos para el FORTAMUN.

• PEF 2025- 9 mil 565 millones 499 mil 999 para el FASP; 6 mil 267 millones 615 mil 952 pesos para el FORTAMUN.

Pese a la asignación de estos recursos, el Estado no ha respondido a las demandas de diversos presidentes municipales que han solicitado la presencia de autoridades, pues el crimen sigue asediando a decenas de municipios que –bajo precarias condiciones en algunos casos– enfrentan la violencia día a día.

Con información de Político MX